Extinción de dominio a inmueble del Cartel de Medellín que estuvo a nombre de René Higuita

La Administración de Justicia colombiana continúa desentrañando las redes patrimoniales que el Cartel de Medellín utilizó para ocultar bienes adquiridos con dineros del narcotráfico, esto pese a que la organización criminal desapareció hace más de tres décadas. En esta ocasión, un juez decretó la extinción del derecho de dominio sobre un inmueble ubicado en el barrio El Poblado de Medellín, tras concluir que su origen tiene relación con actividades criminales de esa estructura.

La decisión se produjo en respuesta a una solicitud de la Fiscalía General de la Nación. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín aprobó las pruebas presentadas por el ente acusador y determinó que el inmueble hace parte de un esquema de testaferrato diseñado con el objetivo de ocultar activos provenientes del narcotráfico.

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De acuerdo con la investigación judicial, la propiedad fue adquirida en un principio por Gustavo Cuartas Rendón, señalado como testaferro de los hermanos William y Gerardo 'Kiko' Moncada, dos de los integrantes del Cartel de Medellín. 

La Fiscalía consideró que esta operación formaba parte de una estructura diseñada para separar formalmente los bienes de sus verdaderos dueños y dificultar el rastreo de los recursos ilícitos, y el expediente dejó en evidencia la sucesión de traspasos que a lo largo de los años tuvo el inmueble.

Uno de los datos más llamativos de la decisión judicial es que esas transferencias llevaron el inmueble al patrimonio de René Higuita Zapata, el reconocido exarquero de Atlético Nacional y la Selección Colombia, y de un familiar suyo. Este aspecto hizo parte del análisis que realizó el juez para establecer la trazabilidad del bien y concluir que tenía vínculos con recursos del narcotráfico.

El análisis técnico de la documentación empleada durante las transacciones fue uno de los elementos determinantes a lo largo del proceso. Entre las pruebas incorporadas al expediente se destaca un estudio grafológico que señala como falsa una de las firmas plasmadas en una escritura pública. 

A este hallazgo se sumaron testimonios, documentos y dictámenes periciales que, según el ente investigador, permitieron demostrar las maniobras empleadas para ocultar en la mayor medida posible el verdadero origen de este inmueble.

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