Javier Milei firma decreto para impedir el ingreso y expulsar extranjeros por mensajes de odio contra Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o expulsar del territorio nacional a ciudadanos extranjeros que, según la normativa, promuevan, inciten o difundan mensajes de odio, discriminación o violencia contra Argentina, sus habitantes o sus símbolos nacionales.

La decisión se produce en medio de un escenario de creciente confrontación diplomática con varios gobiernos de la región y pocos días después de las denuncias formuladas por el mandatario sobre una supuesta campaña internacional dirigida a afectar la imagen de su país.

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La disposición, anunciada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial, establece que las autoridades migratorias podrán negar la entrada o iniciar procedimientos de expulsión contra extranjeros que promuevan expresiones consideradas hostiles hacia el pueblo argentino por motivos de nacionalidad o que incurran en actos catalogados como ultraje a los símbolos patrios.

Con esta medida, el Ejecutivo amplía las facultades del Estado en materia migratoria bajo el argumento de proteger la soberanía nacional y preservar el respeto por la República.

En el documento difundido por el Gobierno se señala que la decisión responde a recientes manifestaciones consideradas ofensivas contra Argentina y sus ciudadanos.

La administración de Milei sostiene que la protección de la Nación, de la población y de los emblemas nacionales constituye un principio que no admite excepciones y advierte que quienes promuevan ataques contra el país no serán bienvenidos dentro del territorio argentino.

El decreto fue expedido pocos días después de que el mandatario denunciara públicamente la existencia de una presunta operación coordinada en redes sociales destinada a desacreditar a Argentina durante el desarrollo del Mundial de Fútbol de 2026.

Según las afirmaciones del jefe de Estado, esa campaña habría contado con recursos provenientes del Gobierno de Brasil y habría recibido respaldo del Gobierno de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos.

Durante una intervención pública, Milei aseguró que parte del financiamiento de esa supuesta estrategia digital habría salido desde Brasil.

El mandatario sostuvo que la iniciativa buscaba afectar la imagen internacional de Argentina, cuestionar el desempeño de la selección nacional y desacreditar la política económica implementada por su administración.

En su discurso también afirmó que el crecimiento económico argentino representaría un problema para quienes, según su interpretación, impulsan esa campaña.

El presidente insistió en que Argentina se ha convertido en un referente internacional de las ideas de libertad y aseguró que el país representa un modelo político y económico que, a su juicio, despierta resistencia entre gobiernos y sectores ideológicos contrarios a su visión.

Bajo esa premisa defendió la necesidad de adoptar medidas orientadas a proteger los intereses nacionales frente a acciones que considera coordinadas desde el exterior.

Las afirmaciones del mandatario argentino generaron respuestas inmediatas desde México. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones y negó que su Gobierno participe en campañas de desprestigio contra otros Estados.

La mandataria sostuvo que las declaraciones carecen de sustento y afirmó que México mantiene una política exterior basada en el respeto entre las naciones.

Sheinbaum manifestó que, aunque su administración enfrenta críticas dentro y fuera del país, no responde interviniendo en asuntos internos de otras naciones.

Recordó que uno de los principios históricos de la diplomacia mexicana es la no intervención y reiteró que su Gobierno continuará actuando conforme a ese criterio. También insistió en que México exige el mismo trato de respeto por parte de otros Estados.

Las declaraciones de Milei también intensificaron el deterioro de la relación diplomática con Brasil. Durante un acto político celebrado en la ciudad de São Paulo, el presidente argentino lanzó nuevas descalificaciones contra el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quien volvió a referirse con términos ofensivos.

En el mismo evento también cuestionó al magistrado Alexandre de Moraes y dirigió insultos contra sectores de izquierda.

Los señalamientos se produjeron después de que la justicia brasileña negara la autorización solicitada por Milei para visitar al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por su participación en los hechos relacionados con el intento de ruptura institucional ocurrido tras las elecciones presidenciales en Brasil.

El mandatario argentino sostuvo que se le impidió visitar a un amigo que, según su versión, fue encarcelado de manera injusta.

Las expresiones pronunciadas por Milei provocaron una reacción del Gobierno brasileño. El Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que las declaraciones agravaban el conflicto diplomático entre ambos países y decidió llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires.

Paralelamente, convocó al embajador argentino en Brasil para expresar formalmente el rechazo del Ejecutivo brasileño frente a las manifestaciones del presidente argentino.

La cancillería brasileña indicó que la decisión obedecía a las ofensas dirigidas contra sus autoridades e instituciones.

Funcionarios del Gobierno señalaron además que las declaraciones de Milei sobrepasaban los límites aceptables dentro de la relación bilateral y contribuían al incremento de la tensión diplomática entre los dos países.

Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva restó importancia a los insultos cuando fue consultado por periodistas sobre las palabras de su homólogo argentino.

Durante su respuesta evitó profundizar en la controversia y reaccionó con una frase irónica al preguntar: "¿Quién es ese tipo?", comentario que marcó la posición pública del mandatario brasileño frente al nuevo episodio de confrontación.

La firma del decreto representa un nuevo paso dentro de la estrategia política impulsada por la administración de Javier Milei para endurecer las medidas relacionadas con la seguridad, la defensa institucional y el control migratorio.

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