Estados Unidos sanciona a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y al magistrado Abdoulaye Seye

Estados Unidos anunció sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y contra el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente sustituye al fiscal de la corte. La medida constituye un nuevo capítulo dentro de la campaña emprendida por el Gobierno del presidente Donald Trump para desmantelar el tribunal internacional con sede en La Haya.

El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión al señalar que ambos funcionarios "se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción" del tribunal. El anuncio se enmarca en lo que el propio Rubio había adelantado en julio, cuando prometió endurecer la ofensiva de Washington contra la corte.

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En su comunicado, Rubio fue enfático en su crítica a la institución: "La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía". 

Con estas nuevas medidas, Washington suma otro capítulo a una lista de sanciones que ya ha alcanzado a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente por sus investigaciones relacionadas con Israel, uno de los aliados clave de Estados Unidos.

Dentro de la estructura de la corte, Akane cumple principalmente funciones institucionales y de representación como presidenta del tribunal, mientras que Seye ha estado al frente de investigaciones especialmente sensibles para Washington, entre ellas las relacionadas con la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos en esa región.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos contemplan la prohibición de viaje al país y la congelación de activos que los funcionarios pudieran tener en territorio estadounidense. Washington sustenta su posición en el hecho de que nunca ha firmado el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, por lo que no reconoce la jurisdicción del tribunal para juzgar a sus ciudadanos. El Gobierno de Trump aplica el mismo argumento en el caso de Israel, país que tampoco es firmante del estatuto.

Ante el anuncio, la Corte Penal Internacional respondió con un comunicado en el que calificó las sanciones como un ataque al Estado de derecho. "Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo", advirtió el tribunal con sede en La Haya.

Pese a la presión de Washington, la CPI reiteró su determinación de continuar con su labor. La corte aseguró que seguirá desempeñando sus funciones "con independencia e imparcialidad" y en apego al Estatuto de Roma, en un mensaje que busca reafirmar su autonomía frente a los intentos de Estados Unidos por debilitar su autoridad institucional.

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