CPI advierte que las nuevas sanciones de EE.UU. contra su presidenta "socavan el Estado de derecho"

La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y un miembro de la Fiscalía "socavan el Estado de derecho" y ponen en riesgo el orden jurídico internacional. La reacción se produjo horas después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara nuevas medidas contra funcionarios de la corte.

"Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional", señaló el tribunal en una breve reacción remitida a la prensa internacional desde su sede en La Haya. Con este pronunciamiento, la CPI buscó dejar clara su posición frente a lo que considera un ataque directo contra la independencia de sus funcionarios judiciales.

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Las nuevas sanciones recaen sobre Tomoko Akane, jueza japonesa y presidenta de la CPI, y sobre el senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal. Ambos fueron incluidos este martes en la lista de sanciones de Estados Unidos, dentro de la campaña de presión que adelanta Washington contra el tribunal por sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.

El comunicado de la corte fue enfático al señalar que este tipo de medidas afecta directamente el funcionamiento del sistema de justicia internacional. "Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho", añadió el tribunal, en referencia al respaldo que sus funcionarios reciben de los países miembros del Estatuto de Roma.

Pese a la presión ejercida por Washington, la CPI rechazó las sanciones y reiteró que continuará desempeñando sus funciones "con independencia e imparcialidad", en apego al Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal. "La Corte no se dejará intimidar y mantiene su firme respaldo a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables", reiteró la institución, en un mensaje similar al que emitió en ocasiones anteriores cuando otros de sus jueces y fiscales fueron objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.

Las medidas anunciadas hoy no son un hecho aislado, sino la continuación de una estrategia que Washington viene aplicando desde hace más de un año. En febrero del año pasado, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que abrió la puerta a la imposición de medidas económicas y restricciones contra personas vinculadas con determinados casos que investiga la CPI, una herramienta que el Gobierno de Trump ha utilizado de manera reiterada para presionar al tribunal internacional.

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