La FLIP expresa preocupación por la restricción la libertad de prensa de la Procuraduría

Por LeidyHernandez | Sáb, 13/02/2021 - 09:33

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), por medio de un comunicado, expresó su preocupación por la circular 002 de la Procuraduría.

FLIP

 

En la circular se definen los lineamientos generales para la gestión de comunicación y la imagen institucional por lo que se establece que “en ningún caso los procuradores delegados regionales, distritales o provinciales podrán entregar declaraciones o información periodística a los medios de comunicación. La única vocera institucional es la Procuraduría General de la Nación o quien ella delegue”.

Por esta razón, la Fundación manifestó una estricta coordinación administrativa no es razón suficiente para romper el flujo de información de las labores de la Procuraduría, toda vez que esto afecta la libertad de prensa, el acceso a la información y a las fuentes. Pues, la obligación de proporcionar información se extiende a todos los órganos públicos en todos los niveles de gobierno.

Incluso resalta lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo sobre el especial cuidado en los pronunciamientos de los funcionarios públicos, que implica mayor coordinación más no una concentración de la comunicación. Pues, el principio de transparencia que rige la función pública no es excluyente de los principios de facilitación y de difusión proactiva de la información, resalta la FLIP.

En cambio, se deben adoptar las medidas necesarias para dar respuesta a las peticiones de los medios de comunicación y periodistas, por lo que la CIDH refiere a “las preguntas formuladas en espacios virtuales deben ser respondidas por las autoridades con debida diligencia, debido a que la prensa es el principal canal para allegar cuestionamientos o interrogantes a las autoridades ante la situación de emergencia y aislamiento de la población”.

Por los hechos, la FLIP hace un llamado a la Procuradora General Margarita Cabello Blanco para consolide las mejores prácticas frente al acceso a la información pública, en aras de fortalecer la transparencia de la función pública y velar por el adecuado cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.