Video de alias Otón desde cárcel La Tramacúa sobre extorsiones y posible fractura de banda Los Costeños

Un video atribuido a Otón Alfredo Peralta Estupiñán, alias Otón, señalado como uno de los cabecillas de la estructura criminal Los Costeños, comenzó a circular en las últimas horas y abrió nuevos interrogantes para las autoridades sobre la continuidad de las operaciones de extorsión dirigidas desde centros penitenciarios y sobre una posible reorganización interna de esa organización delincuencial en el departamento del Atlántico.

La grabación muestra a un hombre identificado como alias Otón lanzando amenazas contra un comerciante del municipio de Soledad, mientras asegura conocer los movimientos cotidianos de la víctima y de su núcleo familiar.

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El contenido ha llamado la atención de los investigadores debido a que Peralta Estupiñán permanece privado de la libertad en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, establecimiento penitenciario destinado a internos considerados de alta peligrosidad.

El material audiovisual no presenta una fecha de elaboración conocida ni se ha establecido públicamente cuándo fue grabado. Sin embargo, las afirmaciones realizadas durante la comunicación y la identificación del supuesto remitente han llevado a que organismos de seguridad analicen su autenticidad, el contexto en el que habría sido producido y las circunstancias que permitieron su difusión.

Durante el registro audiovisual, el presunto cabecilla hace referencia a un hecho que marcó su entorno familiar y utiliza ese episodio como mecanismo de intimidación contra el comerciante. En la grabación sostiene que la vivienda de la víctima se encuentra ubicada cerca del lugar donde fueron asesinados varios integrantes de su familia y afirma que hombres bajo su mando permanecen en esa zona realizando seguimiento permanente.

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Las amenazas continúan con una descripción detallada de las rutinas de la familia del comerciante. En el video se mencionan horarios laborales, desplazamientos diarios y supuestos seguimientos a la esposa, las hijas y otros allegados de la víctima.

Ese tipo de referencias constituye uno de los métodos empleados por organizaciones dedicadas a la extorsión para generar presión psicológica y demostrar capacidad de vigilancia sobre las personas objeto de las exigencias económicas.

Posteriormente, quien aparece en la grabación asegura actuar en representación de la denominada Nueva Generación de Los Costeños, expresión que no había tenido hasta ahora una exposición pública de ese nivel y que ha despertado especial interés entre los investigadores.

En el mismo mensaje señala que la suma exigida corresponde a un supuesto "aporte de guerra" destinado a un jefe identificado con el alias de El Menor.

Otros detalles

En otra parte del video, el hombre afirma que no le interesa si la víctima realizó pagos anteriores a otras personas vinculadas con actividades extorsivas y advierte que cualquier intento de buscar respaldo de terceros incrementaría considerablemente la suma exigida.

También fija un plazo de pocos minutos para establecer comunicación y amenaza con ejecutar un ataque armado en caso de no recibir respuesta.

Uno de los apartes que más atención ha despertado entre las autoridades corresponde a la frase en la que el interlocutor sostiene que "no estamos copiando de Castor", expresión que para los investigadores podría tener relevancia dentro de las dinámicas internas de la organización criminal, aunque su verdadero alcance continúa siendo materia de análisis y no constituye una conclusión definitiva.

El video también hace referencia al barrio La Fe, en Soledad, escenario de uno de los hechos violentos más relevantes relacionados con el entorno familiar de alias Otón.

En julio de 2025 fueron asesinados dentro de una vivienda de ese sector su madre, Esperanza Estupiñán de Peralta, de 69 años; su hermano, Juan Carlos Peralta Estupiñán, de 50 años, y su cuñado, Wilderson Enrique Hernández Ucrós.

Ese ataque se convirtió en uno de los episodios más significativos dentro de la confrontación entre estructuras delincuenciales que operan en el área metropolitana de Barranquilla.

Cambios criminales

La aparición de la grabación coincide con investigaciones que adelantan las autoridades sobre posibles cambios en la estructura de mando de organizaciones criminales que operan en Barranquilla y Soledad.

Según información conocida por distintas fuentes judiciales, existe una línea investigativa orientada a establecer si varios integrantes de esas organizaciones intentan asumir el control de territorios y economías ilegales que anteriormente permanecían bajo la influencia directa de sus principales cabecillas.

Dentro de esas pesquisas figura la hipótesis de que un número importante de integrantes estaría disputándose el manejo de actividades ilícitas relacionadas con la extorsión, el tráfico de estupefacientes y otras rentas criminales que históricamente financiaron el funcionamiento de esas organizaciones.

Los investigadores consideran que parte de esa reorganización estaría relacionada con la situación judicial de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, quien recientemente aceptó su responsabilidad en decenas de homicidios selectivos y ataques armados ocurridos en Barranquilla y Soledad, proceso que derivó en una condena de 26 años y cuatro meses de prisión.

Para las autoridades, esa decisión judicial pudo haber generado modificaciones en los mecanismos de control sobre determinadas actividades ilícitas.

En ese contexto también aparece el denominado Bloque Resistencia Caribe (BRC), nombre con el que diferentes organismos de investigación identifican una estructura que ha sido relacionada con Los Costeños.

De acuerdo con las hipótesis manejadas por las autoridades, dicha denominación habría surgido durante los intentos de algunos integrantes de la organización por abrir espacios de diálogo con el Gobierno nacional, mientras continuaban desarrollando actividades criminales bajo otra identificación.

Esa circunstancia forma parte de procesos investigativos que siguen en desarrollo.

Las autoridades igualmente mantienen abiertas investigaciones sobre la situación de Digno Palomino Rodríguez, máximo jefe de la organización rival conocida como Los Pepes, quien adelanta un proceso de preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación para aceptar responsabilidad por varios homicidios cometidos en años anteriores en Barranquilla y su área metropolitana.

Fiscalía y los cabecillas

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó previamente que dicho preacuerdo avanza ante un juzgado especializado.

Los organismos de inteligencia consideran que tanto la situación judicial de alias Castor como la de Digno Palomino podrían haber generado transformaciones en las cadenas de mando de las organizaciones criminales que operan en el Atlántico, permitiendo el surgimiento de nuevos liderazgos y disputas por el control de las economías ilegales.

Esa hipótesis también es evaluada como una de las posibles explicaciones del incremento de hechos violentos registrados durante los últimos meses en Barranquilla y Soledad.

Las autoridades analizan si los homicidios recientes obedecen exclusivamente a enfrentamientos entre organizaciones rivales o si también corresponden a conflictos internos derivados de la disputa por el control territorial y financiero de las estructuras criminales.

Mientras avanzan esas investigaciones, el video atribuido a alias Otón se convirtió en un nuevo elemento de análisis para la Fiscalía, la Policía Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y los organismos de inteligencia, que deberán establecer no solo la autenticidad de la grabación y la fecha en que fue realizada, sino también cómo habría sido posible efectuar presuntas actividades de extorsión desde un establecimiento penitenciario de alta seguridad y si el contenido revela una eventual reorganización dentro de Los Costeños o corresponde únicamente a una estrategia de intimidación dirigida contra una víctima específica.

¿Cárcel de alta seguridad?

La Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, está ubicada en la zona suroriental de Valledupar, departamento del Cesar, sobre la vía que conduce al Batallón La Popa.

El establecimiento, administrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), comenzó a operar en el año 2000 y fue concebido para albergar a personas condenadas por delitos de alto impacto, incluidos cabecillas de organizaciones criminales, narcotraficantes y responsables de homicidios múltiples.

Su diseño y régimen de funcionamiento recibieron asesoría del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, lo que la convirtió en uno de los primeros establecimientos colombianos construidos bajo un modelo de máxima seguridad.

Sin embargo, desde sus primeros años de funcionamiento, La Tramacúa ha estado rodeada de cuestionamientos por las condiciones de reclusión.

La Corte Constitucional ha conocido de manera reiterada acciones de tutela presentadas por internos que denunciaron vulneraciones a derechos fundamentales relacionadas con el suministro de agua potable, la atención en salud, la alimentación, el régimen disciplinario, la ventilación, el hacinamiento y presuntos tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En diferentes decisiones, el alto tribunal ha recordado que la privación de la libertad no implica la pérdida de la dignidad humana y que el Estado mantiene una obligación reforzada de garantizar condiciones mínimas de existencia a quienes permanecen bajo su custodia.

Uno de los fallos más relevantes fue la Sentencia T-282 de 2014, mediante la cual la Corte Constitucional concluyó que existía una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los internos de La Tramacúa.

El tribunal documentó que el establecimiento presentaba graves deficiencias en el suministro de agua potable, al punto de que los reclusos recibían el líquido durante pocos minutos al día y debían almacenarlo en recipientes improvisados para cubrir necesidades básicas de consumo, aseo personal y limpieza de las celdas.

La Corte ordenó al Inpec adoptar medidas inmediatas para garantizar un abastecimiento continuo y suficiente de agua potable y reiteró que ese servicio constituye un derecho fundamental en el contexto penitenciario.

Otras denuncias

La decisión también abordó las denuncias relacionadas con las condiciones sanitarias y la alimentación. El expediente recogió informes sobre deficiencias en las áreas donde se preparaban los alimentos, problemas de higiene y quejas de los internos sobre la calidad de las raciones suministradas.

La Corte recordó que el derecho a la alimentación comprende no solo el suministro de comida suficiente, sino también alimentos preparados bajo condiciones sanitarias adecuadas que no representen un riesgo para la salud de la población privada de la libertad.

Otro de los aspectos examinados por la Corte fue el régimen disciplinario aplicado dentro del establecimiento. La corporación recopiló denuncias sobre el uso de gases lacrimógenos durante protestas de los internos, presuntas agresiones físicas, restricciones excesivas y dificultades para acceder oportunamente a servicios médicos.

Además, recordó antecedentes como la Sentencia T-702 de 2001, en la que declaró contrarias a la dignidad humana determinadas requisas degradantes, y la Sentencia T-693 de 2007, mediante la cual ordenó corregir las condiciones en que los internos recibían y consumían sus alimentos, luego de establecer que debían hacerlo en recipientes improvisados que no cumplían condiciones mínimas de higiene.

Las condiciones climáticas también han sido motivo de pronunciamientos judiciales. La Tramacúa está ubicada en una zona donde las temperaturas superan con frecuencia los 40 grados centígrados.

En decisiones recientes, la Corte Constitucional ordenó adoptar medidas para reducir el impacto del calor extremo sobre la población privada de la libertad, al considerar que la combinación de altas temperaturas, ventilación insuficiente y limitaciones en el acceso al agua puede comprometer derechos fundamentales como la salud, la integridad física y la dignidad humana.

El hacinamiento ha constituido otro de los problemas identificados por las autoridades judiciales. Como medida excepcional para garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-282 de 2014, la Corte Constitucional dispuso en su momento la suspensión temporal del ingreso de nuevos internos hasta que se adoptaran correctivos que permitieran asegurar condiciones mínimas de habitabilidad, especialmente en materia de abastecimiento de agua y salubridad.

A pesar de las órdenes impartidas por la Corte, organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades de seguimiento han sostenido que varias de las deficiencias estructurales persisten, particularmente en aspectos relacionados con infraestructura, prestación de servicios públicos, atención médica y condiciones de reclusión.

Por esa razón, La Tramacúa continúa siendo uno de los establecimientos penitenciarios más temidos por los reclusos del país, pero a pesar del régimen muchos se las arreglan para continuar delinquiendo.

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