Víctimas piden a la JEP declarar los secuestros de las Farc como delitos de lesa humanidad

Durante la segunda jornada de la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad llevada a cabo en Medellín, víctimas de secuestro solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los delitos cometidos por integrantes del antiguo Bloque Noroccidental de las FARC-EP sean clasificados como crímenes de lesa humanidad.

Esta petición se presentó en el marco de los reconocimientos ofrecidos por siete excombatientes de esa estructura, quienes admitieron su participación en prácticas como el secuestro extorsivo, la desaparición forzada, el homicidio, la tortura y otros actos cometidos contra personas privadas de la libertad.

El evento, que se desarrolló en el contexto del Caso 01 de la JEP —centrado en los secuestros perpetrados por la antigua guerrilla—, sirvió como escenario para que las víctimas relataran ante los magistrados y los comparecientes las afectaciones sufridas durante su cautiverio.

Uno de los testimonios estuvo a cargo de Máximo Enrique Quiroz, quien fue secuestrado en 1998 en el municipio de San Carlos, en el oriente del departamento de Antioquia, mientras se desempeñaba como miembro activo de la Policía Nacional.

Durante su intervención, Quiroz solicitó a los exintegrantes de las FARC que reconocieran de manera explícita que los hechos cometidos fueron crueles y atentaron contra la dignidad de las personas retenidas.

Además, exhortó a los magistrados presentes a que valoren los elementos expuestos en la audiencia para determinar si estas conductas pueden ser consideradas como delitos de lesa humanidad, en concordancia con las funciones otorgadas a la JEP dentro del Sistema Integral para la Paz.

En respuesta, uno de los comparecientes, Jesús Mario Arenas Rojas, conocido durante su militancia en las FARC como ‘Marcos Urbano’, expresó que asumía la responsabilidad por los crímenes cometidos.

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En su declaración, afirmó que reconocía la prolongación del cautiverio de los militares secuestrados y los sufrimientos a los que fueron sometidos. Indicó también que se trató de hechos graves que no pueden acogerse a medidas de amnistía o indulto.

Por su parte, la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, relatora del Caso 01, intervino durante la diligencia para explicar las etapas siguientes del proceso judicial dentro de la JEP.

Señaló que, tras esta fase de reconocimiento, los siete comparecientes deberán comparecer ante el Tribunal para la Paz, instancia encargada de emitir decisiones judiciales tras valorar la verdad ofrecida y su contribución efectiva a la reparación de las víctimas.

Los comparecientes convocados a esta Audiencia Regional y señalados por su responsabilidad en los crímenes son: Luis Óscar Úsuga, conocido como ‘Isaías Trujillo’ o ‘El Viejo’; Jesús Mario Arenas, conocido como ‘Marcos Urbano’; Rodolfo Ruiz Restrepo, conocido como ‘Víctor Tirado’; Martín Cruz Vega, conocido como ‘Rubín Morro’; Ovidio Antonio Mesa Ospina, conocido como ‘Anderson’ o ‘Carranza’; Pedro Baracutao, identificado con ese mismo alias; y Jhover Man Sánchez Arroyave, conocido como ‘Rubén Cano’ o ‘Manteco’. De este grupo, únicamente Arenas Rojas había sido procesado previamente por la justicia ordinaria antes de someterse a la JEP.

El desarrollo de este tipo de audiencias hace parte del mecanismo restaurativo que implementa la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante el cual se busca esclarecer la verdad sobre los hechos más graves cometidos durante el conflicto armado interno en Colombia.

Este proceso judicial contempla como requisito la aceptación de responsabilidades por parte de los excombatientes, así como su disposición a contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición.

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