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Tribunal Superior de Bogotá advierte por recorte de $6 billones a la Rama Judicial

La magistrada Diana Camacho alerta que el presupuesto de $11,5 billones frenará juzgados y personal.

Tribunal Superior de Bogotá,
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 03/11/2026 - 13:18 Créditos: Archivo Particular

La presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, magistrada Diana Marcela Camacho, lanzó una advertencia formal ante el Gobierno nacional y los organismos de control sobre el impacto operativo que tendrá para el sistema judicial la reducción de sus partidas presupuestales. 

El pronunciamiento se produjo en el marco de la entrada en vigencia del Decreto 1599 de 2026 y del trámite de iniciativas legislativas derivadas de la declaratoria de emergencia económica contenida en el Decreto 1477.

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Según el balance expuesto por la magistrada, la asignación global proyectada para la Rama Judicial se redujo en seis billones de pesos: pasó de un techo inicial de 17,5 billones a una partida final de 11,5 billones. Camacho señaló que este desfinanciamiento compromete de manera directa la capacidad del Estado para dictar providencias a tiempo y garantizar a la ciudadanía el acceso a decisiones en derecho.

La togada recordó que los despachos judiciales de la capital atienden de forma sostenida un tercio de la demanda procesal de todo el país. Frente a ese volumen, la limitación de recursos impide habilitar nuevos juzgados y contratar el personal especializado que requieren las distintas salas y áreas de descongestión.

"Nosotros asumimos un tercio de demanda de justicia en el país y necesitamos apoyo suficiente con presupuesto para poder crear más espacios judiciales que puedan atender al usuario como de verdad se merece", afirmó la presidenta de la corporación.

Las disposiciones financieras de la normativa expedida recientemente imposibilitan, además, implementar planes de choque contra el represamiento de expedientes en materia penal, civil, laboral y de familia. 

La magistrada precisó que la estrechez de caja no solo bloquea la apertura de nuevos despachos, sino que también restringe la adecuación técnica y física de las sedes existentes, lo que deja en incertidumbre la atención de los usuarios que acuden a diario a la administración de justicia.

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