EPM denuncia ante el Congreso extorsiones del frente 36 de las disidencias contra Hidroituango y el Metro

Empresas Públicas de Medellín (EPM) alertó al Congreso de la República que el Metro de Medellín y el proyecto Hidroituango figuraron entre las amenazas atribuidas al frente 36 de las disidencias de las Farc. Según la empresa, se trató de un periodo de extorsiones, ataques y restricciones que afectó la infraestructura energética y de transporte de Antioquia entre agosto de 2025 y comienzos de 2026.

De acuerdo con la comunicación de EPM, las exigencias para permitir la operación de Hidroituango alcanzaron una cuota inicial de $5.000 millones y pagos mensuales de $500 millones. Las intimidaciones también mencionaban al Metro y a la Alcaldía de Medellín.

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La denuncia fue expuesta durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. La empresa informó que coordinó la respuesta frente a los riesgos con el Gaula, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Las presiones contra Hidroituango incluyeron exigencias económicas, permisos escritos para ingresar a determinadas zonas, retenciones de trabajadores y expulsiones de cuadrillas.

El frente 36 instaló además dos cilindros con explosivos en la vía de acceso a la central. El hecho causó la muerte de un sargento del Ejército, dejó herido a un soldado e interrumpió durante cerca de una semana el ingreso de carga crítica para las actividades del proyecto.

EPM también atribuyó a esa estructura atentados contra tres torres de transmisión eléctrica ubicadas en Medellín y Bello. En marzo de 2026, la empresa reportó sobrevuelos de drones sobre la central hidroeléctrica.

Por las condiciones de seguridad, EPM restringió temporalmente el ingreso de trabajadores a sectores rurales de Briceño y a por lo menos 17 veredas. La medida buscó proteger a las cuadrillas que realizaban labores técnicas y de mantenimiento en la zona.

El Metro de Medellín apareció en la comunicación como uno de los objetivos de las amenazas relacionadas con las exigencias contra Hidroituango. Sin embargo, el documento no establece que se haya materializado un ataque contra las instalaciones del sistema de transporte ni contra la sede de la administración distrital.

"Las exigencias llegaron a $5.000 millones de entrada y $500 millones mensuales, con amenazas contra el proyecto, el Metro y la Alcaldía de Medellín; la interlocución se manejó con el Gaula, Fiscalía y CTI", señala el comunicado expedido por EPM.

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