Tres generales del Ejército admitirán responsabilidad en falsos positivos del Caribe

Veinticinco comparecientes de la fuerza pública, imputados por la JEP como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, fueron convocados a reconocer públicamente su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate.

Este reconocimiento se realizará en dos jornadas de audiencia pública, en Barranquilla y Valledupar, en el marco del Subcaso Costa Caribe II del Caso 03, que investiga estos crímenes en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

A la primera jornada de audiencia, que se realizará en Barranquilla los días 30 de junio y 1 de julio, acudirán 10 comparecientes. Entre ellos se encuentran los generales retirados Hernán Giraldo Restrepo y Adolfo León Hernández Martínez, quienes comandaron, respectivamente, la Décima Brigada Blindada y el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ para la época de los hechos. 

También asistirán dos coroneles retirados que comandaron el Grupo Mecanizado Rondón; el suboficial que estuvo al mando de uno de los grupos especiales que más bajas ilegales reportó en esa unidad; un mayor retirado que dirigió la Fured, responsable de 41 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos en 2006; un coronel que comandó el Batallón ‘La Popa’, y otros oficiales que hicieron parte de esa misma unidad militar.

La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que Barranquilla fue una de las ciudades más afectadas por este fenómeno criminal. De allí provino el mayor número de víctimas de los hechos determinados durante la investigación. Algunas fueron contactadas en el mercado municipal, en sus alrededores o en sectores vulnerables de la ciudad. 

Muchas se dedicaban a diferentes oficios o se encontraban en condiciones de vulnerabilidad asociadas al consumo problemático de estupefacientes. Barrios como Montes, Rebolo, Las Nieves, El Bosque, Chiquinquirá, Soledad Dos Mil y Villa del Carmen, así como municipios del área metropolitana como Soledad, Baranoa y Luruaco, se vieron afectados por esta práctica criminal, que no solo generó profundas afectaciones individuales, sino también transformaciones en la dinámica social y territorial de estas comunidades.

Los comparecientes citados a estas jornadas hicieron parte de unidades tácticas de las brigadas Segunda, Décima y Décima Primera del Ejército Nacional, adscritas a la Primera División y, posteriormente, al Comando Conjunto No. 1 Caribe. En estas audiencias deberán responder por el patrón criminal identificado por la Sala, mediante el cual 604 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate, entre enero de 2002 y diciembre de 2008. 

Entre las víctimas hay 26 menores de edad, 31 integrantes de los Pueblos Indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo y 14 mujeres, una de ellas embarazada.

A estas audiencias asistirán más de 108 víctimas acreditadas, junto con sus representantes judiciales. Hacen parte de las 1.175 personas acreditadas para participar en el Subcaso Costa Caribe, que, a su vez, integra un universo de 4.740 víctimas acreditadas en el Caso 03. 

Durante las jornadas podrán relatar los impactos que estos crímenes dejaron en sus vidas, sus familias y comunidades; presentar sus demandas de verdad y reconocimiento, y formular propuestas restaurativas que serán tenidas en cuenta en las siguientes etapas del proceso.

Los otros comparecientes

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