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Tres exfuncionarios de Daniel Quintero enfrentan acusación por presuntos sobrecostos de $3.705 millones
El caso involucra la compra de uniformes, balones, medallas e implementos deportivos.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a tres exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero y a un contratista por presuntas irregularidades en un contrato relacionado con actividades recreativas, deportivas y físicas ejecutado entre 2020 y 2022 en Medellín.
Los procesados son Diana Paola Toro Zuleta, exgerente del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER); Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques; María Eugenia Domínguez Castañeda, exjefe de Compras y exgerente general de esa entidad, y el contratista Mauricio Jaramillo Botero.
Según la investigación adelantada por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, durante la ejecución del contrato se habrían presentado irregularidades que vulneraron los principios de planeación, transparencia y selección objetiva de la contratación estatal.
La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían favorecido a un contratista particular y generado un detrimento al patrimonio público que supera los $3.700 millones.
Señalamientos por contratación irregular
De acuerdo con el ente acusador, Toro Zuleta y Liévano Ospina deberán responder en juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
A su vez, Liévano Ospina y Domínguez Castañeda fueron acusados por interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía señala que, presuntamente, se omitieron estudios previos, se establecieron requisitos de experiencia que habrían limitado la participación de otros oferentes y se fijó un plazo insuficiente para la presentación de propuestas.
Según la hipótesis de la investigación, estas condiciones habrían tenido como propósito favorecer a la sociedad representada por Mauricio Jaramillo Botero.
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Los tres exservidores públicos también fueron acusados por el delito de peculado por apropiación agravado en favor de terceros. La Fiscalía sostiene que habrían autorizado o permitido el pago de bienes e implementos deportivos por valores presuntamente superiores a los precios reales de adquisición.
El presunto sobrecosto supera los $3.705 millones
El monto total del presunto sobrecosto establecido por los investigadores asciende a $3.705.259.410. La Fiscalía indicó que las irregularidades estarían relacionadas principalmente con la adquisición de uniformes, balones, medallas y otros implementos deportivos.
Según el ente investigador, las facturas asociadas a estos bienes representaban cerca de $2.942 millones, dentro de una operación que habría generado precios artificialmente elevados.
La Fiscalía señaló que el contratista Mauricio Jaramillo Botero habría participado en la apropiación de los recursos mediante la facturación y el cobro de bienes a precios presuntamente inflados.
Por estos hechos, Jaramillo Botero fue acusado como coautor interviniente del delito de peculado por apropiación agravado.
El proceso continuará en la etapa judicial correspondiente, en la que la Fiscalía deberá sustentar ante los jueces las acusaciones y los elementos probatorios que respaldan su hipótesis sobre las presuntas irregularidades cometidas durante la contratación.
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