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Revelan supuesto plan desde la DNI para alterar resultados electorales y favorecer a Iván Cepeda
Revelaciones de informe de inteligencia.
Un informe reservado que llegó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) señala a Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de esa entidad y actualmente privado de la libertad por un proceso relacionado con irregularidades informáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), como presunto responsable de un plan para intervenir los sistemas de la Registraduría Nacional del Estado Civil y alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, con el propósito de favorecer al entonces candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
La información fue revelada este domingo por la revista Semana, que tuvo acceso a los detalles de un documento recibido durante el proceso de empalme de la DNI. El expediente recoge señalamientos de una fuente identificada como “confiable”, quien entregó información sobre los supuestos responsables, los procedimientos informáticos y las regiones donde se habría proyectado desarrollar la operación.
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De acuerdo con esa publicación, el plan contemplaba tres mecanismos para intervenir los datos de la votación: aumentar artificialmente los sufragios atribuidos a Cepeda, modificar las cifras correspondientes a su contrincante, Abelardo de la Espriella, o combinar ambas operaciones para generar resultados que posteriormente permitieran formular denuncias de fraude electoral.
El documento identifica a Oyola Tovar como uno de los presuntos encargados de ejecutar las modificaciones informáticas. El hombre había trabajado en la Dirección Nacional de Inteligencia durante la administración de Gustavo Petro, inicialmente en funciones relacionadas con contrainteligencia y posteriormente en el área tecnológica de la entidad.
Según la información divulgada, el traslado de Oyola al área de tecnología se produjo por disposición de Jorge Lemus, exdirector de la DNI. Allí habría recibido el encargo de desarrollar un sistema destinado a almacenar información sensible de la institución, proyecto que, de acuerdo con el reporte periodístico, no llegó a completar.
Uno de los principales señalamientos contenidos en el informe corresponde a la presunta creación, en 2022, de una cuenta de usuario dentro de los sistemas informáticos de la Registraduría Nacional.
La fuente citada sostiene que esa cuenta habría adquirido progresivamente mayores permisos de acceso hasta permitir la consulta, extracción y administración de información electoral. De acuerdo con la denuncia, dichos privilegios habrían facilitado el ingreso al programa utilizado para consolidar y divulgar los datos preliminares de las votaciones.
La existencia de ese usuario, el alcance de sus permisos y la posibilidad de modificar información electoral mediante ese mecanismo no han sido acreditados públicamente mediante una auditoría técnica o un pronunciamiento oficial de la Registraduría.
El reporte también atribuye a Oyola la presunta coordinación de otros especialistas en informática. Entre las personas mencionadas figura un hermano suyo, a quien el documento relaciona con las operaciones previstas para intervenir los registros de votación en determinadas regiones del país.
La primera modalidad descrita consistía en aumentar los votos atribuidos a Iván Cepeda antes de que la Registraduría divulgara los boletines de preconteo. La operación habría estado dirigida a modificar los registros preliminares en territorios donde el candidato del Pacto Histórico hubiera obtenido mayorías.
La segunda alternativa contemplaba incrementar artificialmente las cifras correspondientes a Abelardo de la Espriella en municipios donde este hubiera conseguido una votación favorable. Según la versión conocida, la finalidad posterior habría sido presentar esas diferencias como evidencia de una supuesta manipulación electoral.
Una tercera posibilidad reunía los dos procedimientos anteriores. En ese escenario, los presuntos operadores informáticos habrían proyectado aumentar simultáneamente los registros de ambos candidatos, con modificaciones de diferente magnitud, para generar discrepancias que pudieran utilizarse en denuncias sobre los resultados de la elección.
El documento también menciona una presunta participación de ciudadanos extranjeros en la operación. Según los señalamientos divulgados, habrían intervenido integrantes de estructuras de inteligencia cubanas, personas vinculadas con organizaciones venezolanas y especialistas rusos encargados de prestar apoyo tecnológico.
En particular, la información identifica a dos supuestos agentes cubanos con los nombres de Raúl y Ramón, a quienes relaciona con actividades de coordinación.
En cuanto al alcance territorial, el documento menciona una operación que habría comprendido 17 departamentos y 36 municipios. Entre los territorios identificados aparecen Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Aunque el informe hace referencia a 17 departamentos, la relación publicada contiene 16 nombres.
La presunta intervención habría estado dirigida a zonas seleccionadas de acuerdo con los resultados obtenidos por los candidatos, con modificaciones que variarían según la distribución territorial de la votación.
Otro de los componentes mencionados corresponde al mapa de riesgo electoral, una herramienta utilizada para identificar amenazas e irregularidades que pueden afectar el desarrollo de las elecciones.
Según la publicación, los responsables de la supuesta operación también habrían contemplado modificar la clasificación de los riesgos mediante una reducción de 36 variables a tres categorías. El objetivo atribuido a esa maniobra era utilizar la información resultante para sustentar denuncias sobre eventuales irregularidades electorales.
El reporte relaciona esa supuesta intervención con actividades de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia, aunque no se ha establecido públicamente que las herramientas oficiales de identificación de riesgos fueran modificadas.
La Registraduría Nacional del Estado Civil ha explicado que el preconteo corresponde a la transmisión y divulgación preliminar de los resultados registrados por los jurados de votación en las mesas. Este procedimiento permite conocer las cifras durante la jornada electoral, pero no determina jurídicamente el resultado de una elección.
De acuerdo con la entidad, los resultados oficiales se establecen mediante los escrutinios realizados por las comisiones correspondientes, a partir de los formularios electorales y los demás documentos previstos en la legislación.
Las actas suscritas por los jurados, particularmente los formularios E-14 utilizados en el proceso de escrutinio, constituyen parte de la documentación que respalda la verificación de los votos.
Por tanto, los señalamientos sobre una eventual intervención del sistema de preconteo corresponden específicamente a los registros preliminares divulgados durante la jornada electoral. No se ha demostrado que las supuestas operaciones descritas en el documento se hubieran ejecutado ni que alteraran los resultados oficiales.
El nombre de Carlos Andrés Oyola Tovar también aparece en una investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación por presuntas manipulaciones de información académica y financiera en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre en Neiva, Huila, mediante un operativo en el que participaron integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar.
Posteriormente, un juez de control de garantías de Bogotá ordenó que fuera recluido en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal relacionado con las irregularidades detectadas en la institución universitaria.
Según la investigación de la Fiscalía, entre 2017 y 2023 habría funcionado una estructura dedicada a modificar calificaciones y registros financieros en los sistemas académicos de la UNAD, con el propósito de facilitar la aprobación irregular de asignaturas y la obtención de títulos universitarios.
El organismo investigador atribuye a Oyola un papel de intermediación entre personas interesadas en modificar sus antecedentes académicos y quienes tenían acceso a las plataformas informáticas de la universidad.
Las investigaciones identificaron modificaciones en registros de calificaciones que habrían permitido aprobar materias inicialmente reprobadas. La Fiscalía también encontró movimientos financieros sin respaldo por más de 35 millones de pesos relacionados con pagos de matrícula.
En el caso particular de Oyola, la Fiscalía señaló que su historial académico habría sido alterado en 46 oportunidades, circunstancia que presuntamente facilitó la obtención de los títulos de ingeniero de sistemas y especialista en gerencia pública.
El ente acusador informó que las maniobras investigadas habrían beneficiado al menos a 19 estudiantes que no reunían los requisitos académicos exigidos para obtener sus títulos.
Por estos hechos, a Oyola le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado, obtención de documento público falso y fraude procesal.
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