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Colombia podría enfrentar millonario arbitraje en Francia por contrato de pasaportes con Portugal

Anunció de litigio por $1,3 billones podría terminar en arbitraje internacional.

Colombia podría enfrentar millonario arbitraje en Francia por contrato de pasaportes con Portugal
Por Agencia Periodismo Investigativo | Dom, 15/11/2026 - 19:56 Créditos: Pasaporte colombiano Foto: Redes sociales

Colombia podría enfrentar un proceso de arbitraje internacional en París, Francia, por las controversias derivadas del convenio de cooperación suscrito con la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes, documentos de viaje y etiquetas de visa. El acuerdo, que contempla operaciones superiores a $1,3 billones, contiene una cláusula que permite acudir a un tribunal internacional cuando las partes no logren resolver sus diferencias mediante una negociación directa.

La posibilidad de un litigio surge después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente los efectos de los convenios relacionados con el nuevo modelo de pasaportes y de que el Gobierno colombiano contratara temporalmente a Thomas Greg & Sons y Thales para garantizar la continuidad del servicio.

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El mecanismo de solución de controversias está contemplado en la cláusula 25 del convenio suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal. La disposición establece que determinadas controversias contractuales podrán someterse a un arbitraje administrado por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París.

El procedimiento no se activa automáticamente por la suspensión judicial del convenio. Para acudir al arbitraje, alguna de las partes debe identificar un desacuerdo comprendido dentro de las materias previstas en el contrato, comunicarlo formalmente y agotar una etapa de negociación directa de 30 días calendario.

Si transcurre ese plazo sin alcanzar un acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar la conformación de un tribunal integrado por tres árbitros, encargado de resolver las diferencias conforme a las condiciones del convenio y las normas aplicables.

El contrato establece que las entidades colombianas designarán uno de los árbitros y la entidad portuguesa nombrará otro. La elección del tercero se realizará mediante el procedimiento establecido en el acuerdo. París será la sede del arbitraje, salvo que las partes convengan una ubicación diferente.

También dispone que el proceso se adelantará en español y que los árbitros resolverán en derecho. El laudo que eventualmente se profiera tendrá carácter vinculante y estará sometido a las reglas correspondientes para su reconocimiento y ejecución.

La cláusula comprende controversias relacionadas con la interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad, terminación o resolución del convenio. No obstante, contempla excepciones para determinados cobros ejecutivos derivados de obligaciones económicas relacionadas con los desembolsos y los elementos suministrados por la entidad portuguesa.

El convenio fue publicado oficialmente por la Cancillería el 5 de agosto de 2025, durante la administración del expresidente Gustavo Petro, como parte del proyecto destinado a trasladar progresivamente a entidades estatales colombianas la producción y personalización de los documentos de viaje.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en ese momento, la participación de Portugal permitiría transferir conocimientos, equipos, procedimientos y tecnología a la Imprenta Nacional para que Colombia asumiera gradualmente las diferentes etapas de fabricación.

El esquema contemplaba que la Casa da Moeda produjera inicialmente las libretas y que la Imprenta Nacional desarrollara las capacidades necesarias para asumir mayores responsabilidades durante los diez años de ejecución del convenio.

El plazo contractual se extiende hasta el 31 de marzo de 2036, con posibilidad de prórroga mediante acuerdo escrito entre las partes. El modelo comenzó a implementarse el 1 de abril de 2026.

Sin embargo, el convenio quedó involucrado en actuaciones judiciales relacionadas con su legalidad y ejecución.

El 28 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una medida cautelar solicitada por la Procuraduría General de la Nación dentro de un proceso de controversias contractuales que busca la nulidad del acuerdo de cooperación. La petición pretendía suspender los desembolsos contemplados en el convenio. En esa oportunidad, el tribunal consideró que no estaban acreditados los requisitos necesarios para adoptar la medida.

Posteriormente, el 3 de septiembre de 2026, dentro de una acción popular, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender provisionalmente los efectos de los acuerdos relacionados con el nuevo modelo de expedición de pasaportes.

La decisión afectó los pagos de la Cancillería a la Imprenta Nacional para adquirir nuevas libretas mediante el esquema con Portugal y restringió las actividades de distribución y personalización comprendidas en la medida cautelar.

El 16 de septiembre, el tribunal negó las solicitudes de aclaración presentadas por las entidades involucradas, por lo que la suspensión provisional continuó vigente.

Ante esa situación, el Gobierno nacional declaró la urgencia manifiesta mediante la Resolución 12973 del 17 de septiembre de 2026, con el propósito de contratar temporalmente los servicios necesarios para mantener la expedición de pasaportes y otros documentos de viaje.

La medida dio paso a una nueva contratación con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, integrada por Thomas Greg & Sons de Colombia, Thomas Greg & Sons Limited y Thales Colombia.

El contrato, anunciado el 27 de octubre, tiene un valor máximo de $240.352 millones y contempla la prestación de servicios de suministro, personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, además de la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa.

La contratación fue estructurada con un plazo máximo hasta el 17 de diciembre de 2027, aunque contempla su terminación anticipada bajo determinadas circunstancias, entre ellas el levantamiento de la medida cautelar y el restablecimiento del servicio mediante el esquema correspondiente o la entrada en operación de un nuevo prestador seleccionado por la Cancillería.

La unión temporal quedó conformada con una participación del 68 % de Thomas Greg & Sons de Colombia, el 3,1 % de Thomas Greg & Sons Limited y el 28,9 % de Thales Colombia.

De los recursos previstos para el contrato temporal, aproximadamente $32.025 millones corresponden a la vigencia de 2026 y $208.327 millones a 2027, según las condiciones presupuestales de la contratación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que esta solución se adoptó para garantizar la continuidad del servicio mientras permaneciera vigente la suspensión judicial y avanzaran las decisiones administrativas y contractuales relacionadas con la expedición de los documentos.

La contratación de un proveedor diferente constituye uno de los acontecimientos que podrían formar parte de una eventual controversia con la Casa da Moeda, aunque su celebración no demuestra por sí misma un incumplimiento del convenio.

Entre las materias que podrían llegar a examinarse se encuentran las obligaciones efectivamente exigibles durante la suspensión judicial, el alcance de los compromisos pactados y las condiciones bajo las cuales las entidades colombianas contrataron servicios similares con terceros.

El convenio con Portugal incluye disposiciones relacionadas con el suministro de documentos, la transferencia tecnológica, la ejecución de las actividades y las responsabilidades de los participantes.

En materia económica, el monto superior a $1,3 billones corresponde al valor proyectado de las operaciones previstas en el convenio y no constituye una indemnización previamente determinada.

La cláusula 14 contiene disposiciones sobre responsabilidad contractual, pero una eventual reclamación económica tendría que sustentarse en obligaciones presuntamente incumplidas, perjuicios acreditados y los demás requisitos aplicables.

Por consiguiente, la existencia del mecanismo arbitral no significa que Colombia tenga actualmente una obligación de pagar $1,3 billones a Portugal ni que se haya impuesto una condena por ese valor.

La eventual cuantía de una reclamación dependería de las pretensiones presentadas, las pruebas aportadas y las decisiones del tribunal que llegara a conocer el caso.

Otro componente del conflicto corresponde a la coexistencia de las actuaciones judiciales colombianas y los mecanismos internacionales contemplados en el contrato.

Mientras la jurisdicción contencioso-administrativa colombiana conoce procesos relacionados con la legalidad de los convenios, la cláusula arbitral establece un procedimiento para resolver las controversias contractuales comprendidas en su ámbito.

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