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Procuraduría reabre investigación por parranda en cárcel de Itagüí y vincula al director encargado
El Ministerio Público anuló actuaciones previas por fallas procesales, amplió a 12 el número de investigados y ordenó suspensiones provisionales dentro del Inpec.
La Procuraduría General de la Nación reabrió la investigación disciplinaria por la parranda vallenata registrada en la cárcel La Paz de Itagüí, en el departamento de Antioquia, y amplió el número de funcionarios vinculados al proceso, en medio de cuestionamientos por los controles internos en el sistema penitenciario.
La decisión se produjo luego de que el organismo de control detectara fallas en el auto inicial de apertura de la investigación, lo que podría haber comprometido el debido proceso. En consecuencia, se declaró la nulidad de las actuaciones previas y se ordenó el saneamiento del caso para garantizar su validez jurídica.
Tras este ajuste, la Procuraduría vinculó al director encargado del centro penitenciario, Fabián Leandro León Rodríguez, quien también ejerce como subdirector del establecimiento, por la presunta comisión de falsedad ideológica en documento público.
Con esta inclusión, el número total de funcionarios investigados ascendió a 12. Entre los implicados se encuentran integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, incluyendo dragoneantes, oficiales e inspectores, quienes serán objeto de indagación disciplinaria en el marco del proceso.
Como medida preventiva, el ente de control ordenó la suspensión provisional, por un periodo de tres meses y sin derecho a remuneración, de varios de estos funcionarios, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.
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De manera paralela, la Procuraduría compulsó copias para que se investigue al director titular del establecimiento, Édgar Iván Pérez Ortega, por presuntas irregularidades relacionadas con la modificación de turnos al interior del penal.
Los hechos investigados, ocurridos en la cárcel La Paz de Itagüí, generaron amplio debate sobre la efectividad de los mecanismos de control y supervisión en los centros penitenciarios del país, así como sobre la disciplina y el cumplimiento de protocolos dentro de estas instituciones.
La reapertura del caso busca esclarecer las responsabilidades individuales y determinar posibles fallas estructurales en la gestión del establecimiento, en un proceso que podría derivar en sanciones disciplinarias para los funcionarios involucrados.
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