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Procuraduría aparta a funcionario que se opuso a capturas en caso Yulixa Toloza

El Ministerio Público rectifica crea agencia especial y releva a delegado del proceso.

Nueva Procuraduría
Por Agencia Periodismo Investigativo | Jue, 21/05/2026 - 12:36 Créditos: Red social X @PGN_COL / Edificio de la Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación apartó del caso por la desaparición y muerte de Yulixa Consuelo Toloza al procurador judicial que se opuso a la legalización de captura de dos de los implicados en el expediente que adelanta la Fiscalía por homicidio, desaparición forzada y ocultamiento de material probatorio. La decisión se produjo en medio del creciente impacto nacional que ha generado el caso y de las controversias surgidas durante las audiencias preliminares.

El Ministerio Público confirmó además la conformación de una agencia especial que asumirá el seguimiento integral de la investigación tanto en Colombia como en Venezuela, donde permanecen detenidos tres de los señalados responsables mientras avanzan los trámites judiciales para solicitar su extradición.

La determinación se conoció luego de la fuerte discusión que protagonizaron durante la audiencia de legalización de captura la fiscal del caso, Juana Acosta, y el entonces representante de la Procuraduría, Carlos Arturo Chávez, quien apeló la decisión del Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de Cúcuta que avaló las capturas de Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequeira Delgado.

Los dos hombres son señalados por la Fiscalía de haber intentado ocultar el vehículo Chevrolet Sonic de placas UCQ-340 en el que, según los investigadores, fue trasladada la estilista bogotana de 52 años tras sufrir graves complicaciones derivadas de un procedimiento estético practicado en una clínica irregular del sur de Bogotá.

El choque entre la Fiscalía y la Procuraduría

Durante la diligencia judicial, el procurador Chávez sostuvo que los capturados permanecieron durante varias horas en instalaciones de la Policía sin que existiera una orden judicial formal y cuestionó la validez de un acta de compromiso firmada por los implicados.

Según su criterio, el juez no valoró adecuadamente ese elemento antes de declarar legales las capturas.

La postura generó una inmediata reacción de la fiscal Juana Acosta, quien calificó de “irrespetuosa” la intervención del delegado del Ministerio Público y le pidió revisar completamente el expediente antes de pronunciarse contra el procedimiento adelantado por la Fiscalía y la Policía.

La controversia terminó escalando hasta la Procuraduría Delegada para Asuntos Penales, encabezada por Óscar Hernández Salazar, que decidió relevar a Chávez del proceso y designar en su lugar al titular de la Procuraduría 36 Judicial II Penal de Bogotá.

La medida quedó consignada en una resolución mediante la cual se creó una agencia especial para asumir el seguimiento del expediente por “la relevancia de los hechos”, una expresión utilizada por la Procuraduría para justificar el cambio de representación judicial y el control reforzado sobre las actuaciones.

La agencia especial seguirá el proceso en Colombia y Venezuela

La nueva agencia especial no solo hará seguimiento a las actuaciones judiciales contra Hernández y Sequeira en Colombia, sino también contra Edinson Torres, María Fernanda Delgado y Eduardo Ramos, quienes permanecen detenidos en territorio venezolano.

Las autoridades venezolanas capturaron a Torres y Delgado en la parroquia Quebrada de la Virgen, en Guanare, estado Portuguesa. Ambos habían salido de Colombia después del procedimiento estético practicado a Yulixa Toloza en el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

La Fiscalía colombiana también vincula en el caso al supuesto cirujano Eduardo Ramos, quien igualmente fue privado de la libertad en Venezuela.

La resolución expedida por la Procuraduría ordena que, en un plazo de dos días, la nueva agencia entregue un informe detallado sobre el estado actual de la investigación y posteriormente rinda reportes bimestrales acerca de los avances judiciales.

Las audiencias preliminares continuarán este jueves 21 de mayo ante un juzgado de Cúcuta, mientras la Fiscalía prepara las imputaciones formales y consolida el material probatorio relacionado con la muerte de la estilista.

El cuerpo fue hallado en Cundinamarca

Mientras avanzaban las diligencias judiciales, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó plenamente la identidad de un cadáver hallado el pasado 19 de mayo en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca. El cuerpo correspondía a Yulixa Consuelo Toloza.

El hallazgo se produjo cinco días después de la desaparición de la mujer, quien había acudido el 13 de mayo a someterse a una lipólisis láser, un procedimiento estético destinado a eliminar grasa localizada y que requiere supervisión médica especializada.

De acuerdo con la investigación, tras presentar complicaciones físicas, Toloza habría sido sacada del establecimiento en condiciones críticas. Videos y testimonios recopilados por la Fiscalía indican que apenas podía mantenerse en pie cuando fue trasladada al vehículo posteriormente encontrado en Cúcuta.

La Fiscalía sostiene que María Fernanda Delgado, propietaria de Beauty Láser, habría ordenado mover el automóvil hacia la frontera con Venezuela a cambio de 800.000 pesos. Hernández y Sequeira serían los encargados de ejecutar esa instrucción.

Fiscalía prepara extradiciones

La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará formalmente la extradición de los tres detenidos en Venezuela. Sin embargo, el proceso podría enfrentar obstáculos jurídicos y diplomáticos debido a que la Constitución venezolana prohíbe la extradición de ciudadanos nacionales.

Torres, Delgado y Ramos tienen nacionalidad venezolana, lo que complica la eventual entrega a Colombia. A pesar de ello, las autoridades colombianas buscarán apoyarse en el Tratado Bolivariano de Extradición suscrito en 1911 entre Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.

Lea también: (Capturados por caso Yulixa Toloza no serían extraditados a Colombia: exministra explica por qué)

Antes de las capturas, sobre algunos de los implicados pesaba una circular azul de Interpol, mecanismo utilizado para ubicar personas requeridas por las autoridades judiciales de otro país. Aunque no equivale a una orden internacional de captura, sí alerta a los gobiernos extranjeros sobre la necesidad de que el requerido comparezca ante la justicia.

Un centro estético bajo la lupa

El caso ha puesto bajo escrutinio las condiciones en las que funcionaba Beauty Láser.

Las autoridades establecieron que el establecimiento únicamente contaba con registro mercantil para operar como peluquería y no estaba habilitado para practicar procedimientos médicos invasivos.

La investigación también reveló presuntas maniobras para ocultar pruebas. Según las pesquisas, el sistema de cámaras de seguridad fue retirado del lugar después de la desaparición de la estilista.

La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, indicó que las autoridades tenían prevista una visita de inspección al establecimiento durante el segundo semestre de 2026, aunque el caso se desencadenó antes de que se realizara cualquier verificación oficial.

La Policía logró reconstruir parte del recorrido del Chevrolet Sonic mediante cámaras de seguridad y registros de peajes. El automóvil fue rastreado durante al menos once horas de trayecto desde Bogotá hasta una zona cercana a la frontera venezolana.

Testimonios revelan presuntas irregularidades

Amalia Pardo y Yuri Paola Mora, amigas de Yulixa Toloza, declararon que acompañaron a la mujer el día del procedimiento. Según sus relatos, inicialmente les informaron que la intervención duraría cerca de dos horas, pero terminó extendiéndose durante toda la jornada.

Cuando regresaron al establecimiento, encontraron a la estilista desorientada, pálida y en malas condiciones físicas. Pese a ello, el personal les aseguró que debía permanecer allí durante la noche.

Uno de los aspectos que más inquieta a los investigadores es que, según la Fiscalía, el centro estético no habría trasladado oportunamente a la paciente a un hospital ni solicitado atención médica especializada, pese al deterioro evidente de su estado de salud.

Al expediente también se han sumado testimonios de otras pacientes que describieron condiciones precarias dentro del establecimiento. Una mujer relató que los baños permanecían en estado deplorable y aseguró haber observado rastros de sangre de otras pacientes.

La misma persona afirmó que, tras el procedimiento, quedó con un fuerte estado de desorientación y coloración amarillenta en la piel. “Después de que ya lo atienden a uno, uno como que no vale nada”, manifestó en declaraciones difundidas por la emisora.

El caso revive las alertas sobre clínicas clandestinas

La muerte de Yulixa Toloza ha vuelto a encender las alarmas sobre la proliferación de establecimientos clandestinos dedicados a realizar procedimientos estéticos invasivos sin habilitación médica en Colombia, un país que durante los últimos años se ha consolidado como uno de los principales destinos regionales para cirugías y tratamientos estéticos.

Cifras del Ministerio de Salud y de sociedades médicas han advertido reiteradamente sobre el aumento de procedimientos practicados en sitios no autorizados y por personas sin especialización quirúrgica.

La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica ha insistido en que muchos pacientes terminan recurriendo a establecimientos de bajo costo que operan al margen de los controles sanitarios.

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