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Presunto agresor de Miguel Uribe enfrentaría una sanción de ocho años en un centro para menores
El menor señalado de disparar al senador fue capturado y enfrenta cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
La fiscal general Luz Adriana Camargo reveló este lunes nuevos avances en la investigación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, ocurrido el pasado sábado en el Parque El Golfito, en Bogotá.
De acuerdo con la fiscal, un equipo de cerca de 180 personas está dedicado a esclarecer los hechos. Como parte de las pesquisas, se han revisado más de 1.000 videos de cámaras de seguridad y se han realizado 23 entrevistas, tanto a testigos del evento como a familiares del presunto agresor.
“El arma incautada fue analizada junto con 12 vainillas recuperadas. Se estudia su procedencia y si ha sido usada en otros delitos”, explicó Camargo. Además, las autoridades reconstruyen los desplazamientos del menor de edad desde su casa hasta el parque, así como la ruta que tomó el esquema de seguridad del senador Uribe, con el fin de establecer si había vigilancia previa al ataque.
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El atentado, que ocurrió alrededor de las 5:30 p. m., dejó cuatro personas heridas, incluido el senador Miguel Uribe, quien recibió impactos en la cabeza. Tras ser intervenido quirúrgicamente en la Clínica Santa Fe, su pronóstico continúa siendo reservado, y su reacción a los procedimientos ha sido mínima.
El presunto autor del ataque es un menor de 14 años, quien también resultó herido en una pierna y fue aprehendido a pocos metros del lugar. La legalización de su captura se produjo en la medianoche del domingo, y ahora enfrenta cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
De acuerdo con la fiscal, de encontrarse culpable, el menor enfrentaría "una sanción educativa y reparadora" de hasya ocho años en un centro de reclusión para menores.
En paralelo, la Policía continúa la búsqueda del celular del menor, que podría aportar información clave para esclarecer los hechos y posibles vínculos con redes criminales. La fiscal Camargo señaló que el joven pudo haber sido reclutado por una estructura ilegal, lo que refuerza la hipótesis de una conexión con organizaciones delictivas.
En las últimas horas también se realizaron allanamientos a viviendas de familiares del menor y se tomó declaración a Sandra Beatriz Castillo, una mujer que fue vista hablando con el atacante antes del tiroteo. Ella acudió voluntariamente a la URI de Usaquén para declarar que no tuvo participación en el atentado, luego de ser señalada como posible implicada.
La investigación avanza con intensidad, mientras el país permanece atento al estado de salud de Miguel Uribe y a los hallazgos que puedan esclarecer este grave ataque político.
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