Presidente de la Corte Constitucional asumirá estudio del decreto de consulta popular expedido por el gobierno

La Corte Constitucional de Colombia anunció la asignación del magistrado Jorge Enrique Ibáñez como responsable del análisis jurídico del decreto presidencial mediante el cual el presidente Gustavo Petro convocó a una consulta popular.

La designación se produjo tras el procedimiento habitual de reparto aleatorio que regula la distribución de expedientes entre los magistrados de la corporación.

El documento firmado por el jefe del Estado el 11 de junio establece la convocatoria a un mecanismo de participación ciudadana que ha generado una amplia controversia en distintos sectores políticos, jurídicos y académicos del país.

Las críticas se han centrado en la presunta vulneración del principio de separación de poderes y en posibles incompatibilidades del texto con el ordenamiento constitucional.

Conforme a lo establecido por el procedimiento interno de la Corte, la selección del magistrado ponente para este tipo de asuntos se realiza mediante sorteo, el cual se desarrolló en sala plena en días posteriores a la radicación del decreto.

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El encargo recayó en el magistrado Ibáñez, quien actualmente ostenta la presidencia de la corporación y deberá, en consecuencia, elaborar un proyecto de fallo que será discutido por el pleno de la Corte.

El examen del decreto incluirá un estudio de fondo sobre su compatibilidad con los artículos de la Constitución que regulan los mecanismos de participación democrática, los límites del poder Ejecutivo, y las competencias de las demás ramas del poder público en la definición de políticas públicas.

También se valorará el cumplimiento de los requisitos formales y materiales exigidos para la convocatoria de una consulta popular nacional.

La medida adoptada por el presidente de la República ha sido objeto de pronunciamientos por parte de dirigentes de diferentes partidos políticos, así como de asociaciones de juristas y expertos constitucionalistas, quienes han expresado reparos en torno a la legalidad de la norma y a la forma como fue expedida.

El punto de mayor discusión gira en torno al uso del decreto como instrumento para convocar al electorado, en lugar de recurrir al trámite legislativo ordinario previsto para esta clase de mecanismos.

Durante los próximos días, el magistrado Ibáñez podrá solicitar conceptos técnicos, jurídicos y académicos a distintas entidades del Estado, incluyendo el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, el Congreso de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras. Estos insumos formarán parte del expediente que servirá de base para la elaboración del proyecto de decisión.

Una vez el proyecto esté listo, será presentado ante los demás magistrados de la Corte, quienes deberán deliberar y emitir un fallo que defina la exequibilidad total, parcial o la inexequibilidad del decreto.

La decisión tendrá efectos vinculantes e inmediatos, y determinará si la consulta popular puede o no llevarse a cabo en los términos establecidos por el Ejecutivo.

¿Quién es el magistrado Jorge Enrique Ibáñez?

Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional desde febrero de 2024, es uno de los juristas más experimentados en el ámbito del derecho público colombiano.

Su elección como magistrado de esta alta corporación, en octubre de 2020, marcó el retorno de una figura que ha estado vinculada durante décadas al estudio, la enseñanza y la aplicación del derecho constitucional, administrativo y procesal.

Nacido en Bogotá, cursó estudios de Derecho en la Universidad Externado de Colombia, donde posteriormente se desempeñó como docente e investigador.

Su formación académica se consolidó con estudios de posgrado en derecho constitucional y derecho procesal en universidades de Colombia y España, particularmente en la Universidad Complutense de Madrid, donde amplió su enfoque en el control constitucional y la justicia contenciosa-administrativa.

Desde los inicios de su carrera, Ibáñez se inclinó por corrientes jurídicas garantistas y formalistas, enmarcadas en una concepción institucionalista del derecho.

En sus escritos y decisiones ha reflejado una visión del derecho constitucional como límite al ejercicio del poder, así como un profundo respeto por el principio de legalidad y la jerarquía normativa.

Su enfoque doctrinario ha estado influido por el pensamiento de juristas como Hans Kelsen y Luigi Ferrajoli, con énfasis en la separación de poderes, el control judicial riguroso y la protección de derechos fundamentales dentro de los márgenes estrictos de la Constitución.

Antes de su llegada a la Corte Constitucional, Ibáñez acumuló una extensa carrera en el ejercicio del derecho como abogado litigante en derecho público, consultor jurídico de entidades estatales y asesor de organismos internacionales.

Fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, cargos que le permitieron desarrollar una interpretación técnica del derecho, alejada de activismos y centrada en los procedimientos, las formas y la coherencia jurídica.

Su elección como magistrado de la Corte Constitucional por parte del Senado de la República en octubre de 2020 fue el resultado de un proceso de terna enviada por el Consejo de Estado.

Su nombramiento fue interpretado por diversos sectores como una apuesta por el equilibrio institucional en medio de un contexto político polarizado.

Desde su posesión, Ibáñez ha mantenido un perfil sobrio, enfocado en el fortalecimiento del precedente constitucional, la independencia judicial y la deliberación interna en sala plena como mecanismo fundamental de legitimidad.

Durante su periodo en la Corte ha sido ponente de sentencias relevantes en materia de derechos fundamentales, régimen de los estados de excepción y control de constitucionalidad de normas legislativas y actos administrativos.

En sus providencias se percibe una tendencia a la moderación interpretativa, el respeto al legislador democrático y una comprensión estructural del texto constitucional.

El 8 de febrero de 2024 fue elegido como presidente de la Corte Constitucional para el periodo 2024-2025, en reemplazo del magistrado Antonio José Lizarazo.

En su discurso de posesión, Ibáñez enfatizó el compromiso del tribunal con la neutralidad, la argumentación jurídica rigurosa y el papel de la Corte como garante del equilibrio entre las ramas del poder público.

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