Por orden del presidente Abelardo de la Espriella, exsenador Antonio Guerra será trasladado de Corozal a La Picota

Por orden del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y del ministro de Justicia, Iván Cancino, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) dispuso este martes del traslado del exsenador Antonio del Cristo Guerra de la Espriella desde Sucre hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá, conocido como La Picota, donde deberá permanecer en el pabellón ERE Sur.

La determinación modifica el lugar de reclusión que se había contemplado para el excongresista en el Centro Especial de Reclusión de la Brigada de Infantería de Marina N.º 1, en Corozal, Sucre.

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, la decisión presidencial y del Ministerio de Justicia derivó en la expedición de la resolución mediante la cual el Inpec estableció que Guerra de la Espriella deberá ser llevado a Bogotá.

El cambio se produce debido a que no existe disponibilidad de cupo en el Centro Especial de Reclusión militar de Corozal que había sido contemplado previamente para recibir al exsenador. Ante esta situación, el Inpec determinó como destino definitivo el pabellón ERE Sur de La Picota.

La resolución establece que el traslado deberá ejecutarse con “rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad”, debido a las condiciones particulares del interno. Para el procedimiento también deberá existir coordinación y apoyo de la Fuerza Pública.

Guerra de la Espriella se encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Sincelejo. Inicialmente se había adelantado el procedimiento para trasladarlo al Centro Especial de Reclusión de la Brigada de Infantería de Marina N.º 1, en Corozal.

Sin embargo, la falta de cupo en esa instalación llevó a modificar el destino y disponer su traslado al complejo penitenciario de Bogotá.

El caso del exsenador tiene origen en el escándalo de corrupción de Odebrecht, una de las investigaciones judiciales de mayor alcance derivadas de las actuaciones de la multinacional brasileña en Colombia.

Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, nacido en Sincelejo el 12 de diciembre de 1955, es economista de la Universidad del Rosario y desarrolló durante varias décadas una carrera en el sector público y en la política.

Ocupó, entre otros cargos, el Viceministerio de Agricultura, la presidencia de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y posteriormente llegó al Congreso de la República.

Su trayectoria legislativa estuvo concentrada principalmente en el Senado. Ocupó una curul durante los periodos 1998-2002, 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018 y militó en Cambio Radical. Durante su paso por el Congreso integró la Comisión Tercera del Senado, encargada de asuntos económicos, tributarios, financieros y de crédito público.

Esa condición de congresista terminó siendo uno de los elementos centrales de la investigación que lo vinculó con las actuaciones de Odebrecht en Colombia.

El proceso judicial determinó que Guerra de la Espriella intervino en gestiones relacionadas con intereses de la multinacional brasileña y utilizó su posición y sus contactos como congresista para ejercer influencia sobre servidores públicos.

Uno de los episodios investigados estuvo relacionado con el contrato de estabilidad jurídica que interesaba a Odebrecht en desarrollo de sus operaciones en el país.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenó inicialmente, el 15 de marzo de 2022, a 164 meses y un día de prisión por concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias de servidor público y enriquecimiento ilícito de servidor público. En esa decisión fue absuelto de cohecho propio.

La situación cambió al resolverse la apelación. El 7 de abril de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó parcialmente la condena y absolvió a Guerra de la Espriella del delito de concierto para delinquir agravado.

De esta manera, su responsabilidad penal definitiva quedó establecida por tráfico de influencias de servidor público y enriquecimiento ilícito de servidor público.

La pena definitiva fue fijada en 138 meses y un día de prisión, equivalentes a 11 años, seis meses y un día, además de las sanciones económicas y de inhabilidad establecidas por la justicia.

La Corte también dispuso su captura para hacer efectiva la condena.
Por esta razón, aunque algunas versiones han señalado que Guerra de la Espriella fue condenado por cohecho propio y concierto para delinquir agravado, esos delitos no hacen parte de la condena definitiva que actualmente cumple: fue absuelto de cohecho propio desde la primera instancia y posteriormente de concierto para delinquir agravado en segunda instancia.

Dentro del expediente, la Corte examinó las gestiones efectuadas por Guerra de la Espriella alrededor de un contrato de estabilidad jurídica que interesaba a Odebrecht.

La investigación estableció que el entonces congresista realizó actuaciones dirigidas a influir sobre funcionarios vinculados con la decisión, aprovechando las relaciones derivadas de su posición en el Senado.

El proceso también abordó actuaciones relacionadas con Navelena, sociedad constituida para ejecutar el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y en la cual Odebrecht tenía participación. Las autoridades judiciales investigaron gestiones del entonces senador relacionadas con la financiación que requería el proyecto.

Otro componente determinante fue el patrimonio del excongresista. La justicia encontró un incremento patrimonial injustificado superior a $587 millones durante el periodo analizado, circunstancia que sustentó la responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito de servidor público.

El expediente contra Guerra de la Espriella avanzaba desde varios años antes de la sentencia. En marzo de 2019, la Corte Suprema de Justicia le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva dentro de la investigación relacionada con Odebrecht.

Meses después fue acusado formalmente y el proceso avanzó hasta la sentencia de primera instancia de 2022 y la decisión definitiva adoptada en 2025.

Ahora, el lugar en el que deberá cumplir la condena vuelve a cambiar. La instrucción atribuida al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Justicia, Iván Cancino, desembocó en la decisión administrativa del INPEC de enviarlo al pabellón ERE Sur del Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá.

El ERE Sur es un pabellón de La Picota destinado históricamente a albergar internos con condiciones particulares de reclusión, entre ellos exfuncionarios y personas que han ocupado cargos públicos. No se trata de una instalación militar, sino de un establecimiento bajo la administración y vigilancia del sistema penitenciario.

De esta manera, Guerra de la Espriella no permanecerá en el centro militar de Corozal que había sido considerado previamente. La nueva orden establece su traslado a Bogotá y dispone que el procedimiento se realice bajo máximas medidas de seguridad y con participación de la Fuerza Pública.

La decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de trasladar a personas privadas de la libertad que permanecen en guarniciones militares, estaciones de Policía y otros lugares especiales de reclusión tiene como antecedente una instrucción impartida por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 13 de septiembre de 2026, cuando ordenó revisar esos casos y enviar a establecimientos penitenciarios a quienes no cumplieran las condiciones legales para permanecer en esas instalaciones.

La instrucción fue anunciada por el jefe de Estado durante una alocución presidencial en la que presentó un balance de sus primeros 36 días de Gobierno y abordó, entre otros asuntos, las medidas adoptadas en materia de seguridad, política penitenciaria, lucha contra organizaciones criminales y corrupción.

En esa intervención, De la Espriella dedicó uno de los puntos de su pronunciamiento a las condiciones de reclusión de personas condenadas o procesadas que permanecían en instalaciones diferentes a los establecimientos administrados ordinariamente por el INPEC.

“Se acaban los privilegios para los corruptos”, afirmó el mandatario antes de explicar el alcance de la decisión. De la Espriella indicó que había ordenado revisar los traslados y las condiciones de las personas privadas de la libertad ubicadas en guarniciones militares o estaciones de Policía para determinar si existía fundamento jurídico para que continuaran allí.

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