En medio de la investigación, la Fiscalía expresó que “Los elementos de prueba dan cuenta de que los uniformados, adscritos al cuadrante 6 del citado municipio, llegaron al barrio Santa Elena e increparon al joven porque, al parecer, incumplía el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Covid-19. Uno de los funcionarios lo habría golpeado con el bastón o tonfa en la cabeza y el brazo izquierdo; mientras que el otro, supuestamente, le lanzó una sustancia que sería gas pimienta”.
Por los hechos, la familia del joven denunció abuso de autoridad y exceso de fuerza, pues Anderson fue trasladado a una clínica de Cali donde murió dos días después a causa de un trauma craneoencefálico severo, de acuerdo al examen médico. Así, Leonardo Ardila Hernández y Rafael Francisco Polanco Arrieta fueron los patrulleros judicializados por la presunta responsabilidad en la agresión y muerte de Arboleda.
Entonces, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los dos uniformados los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en concurso heterogéneo con homicidio agravado. "Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de una juez de control de garantías de Puerto Tejada (Cauca), recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia", afirmó la Fiscalía.
