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Petro cuestiona encarcelamiento de Ricardo Bonilla y advierte que su reclusión pone en riesgo su vida
El presidente criticó la decisión judicial que envió a prisión al exministro de Hacienda, recordó fallos previos de la magistrada Aura Rosero y defendió condiciones de salud de Bonilla.
El presidente Gustavo Petro se pronunció este viernes sobre la decisión judicial que ordenó el envío a la cárcel del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, procesado en el marco de las investigaciones por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El mandatario expresó reparos frente al fallo y alertó sobre los riesgos que la medida representa para la vida del exfuncionario.
En su declaración, Petro recordó que la magistrada Aura Rosero, quien adoptó la decisión contra Bonilla, fue la misma que en el pasado ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe. Aunque aseguró que no pretende calificar la determinación judicial, afirmó que sintió “burlada a la juez de primera instancia” y cuestionó el contraste entre ambos fallos.
El jefe de Estado hizo énfasis en las condiciones personales y médicas del exministro. Señaló que Bonilla tiene 76 años y que recientemente estuvo internado en una unidad de cuidados intensivos, por lo que, a su juicio, la reclusión lo expone a un grave peligro. Además, destacó que el exministro no registra antecedentes judiciales y lo describió como un académico con amplia trayectoria, doctor en economía y profesor de profesión.
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Petro negó de forma categórica que Bonilla hubiera participado en la asignación de cupos indicativos a congresistas. Según explicó, durante la discusión del presupuesto nacional el entonces ministro solo sostuvo reuniones con los ponentes de la ley y con la comisión interparlamentaria del crédito, tal como lo establece el procedimiento legislativo. Añadió que, en caso de no ser aprobado por el Congreso, el presupuesto puede ser decretado por el Ejecutivo.
En relación con los proyectos asociados a la UNGRD, el presidente sostuvo que las solicitudes de los congresistas están permitidas por la Constitución, pero aclaró que dichas iniciativas no se aprueban directamente en el presupuesto, sino que este contiene partidas globales. En ese contexto, aseguró que fue él mismo quien ordenó suspender cualquier financiación de proyectos solicitados por parlamentarios y pidió la renuncia inmediata de Olmedo López cuando se conocieron las irregularidades.
Finalmente, Petro insistió en que durante su gobierno no se giraron recursos que pudieran convertirse en cupos indicativos y reiteró que ese mecanismo fue identificado y denunciado por él en administraciones anteriores. Según afirmó, en su mandato fue expresamente prohibido y explicado en consejo de ministros, como parte de una política para impedir prácticas corruptas en la asignación de recursos públicos.
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