Modus operandi de la estructura criminal que lavó $2.3 billones del narcotráfico con criptoactivos: la DEA intervino

Empresas sin capacidad operativa, movimientos bancarios por altas sumas, transacciones con criptoactivos y posteriores inversiones en inmuebles y vehículos de alta gama hicieron parte de las maniobras utilizadas por una organización criminal para incorporar a la economía legal más de 2,3 billones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación, a través de las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales, siguió el rastro de estos recursos y detectó un entramado societario que, entre 2018 y 2026, habría sido utilizado para dar apariencia de legalidad a dineros procedentes del narcotráfico.

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El esquema inició con la conformación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.

Las evidencias indican que varias de estas compañías carecían de infraestructura y capacidad operativa, registraban escasa o inexistente actividad económica y presentaban inconsistencias entre sus estados financieros y sus movimientos bancarios.

A ello se sumaron operaciones internacionales de alto valor, así como transacciones cruzadas entre las mismas firmas.

Otra vía presuntamente empleada para movilizar el dinero fue el mercado de criptoactivos.

Los investigadores identificaron transferencias millonarias en una moneda digital conocida como USDT con empresas vinculadas a grupos narcotraficantes que han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

El capital que ingresaba al país por el sistema financiero o mediante activos virtuales era monetizado y retirado con rapidez. Parte de esos fondos habría terminado invertida en propiedades y vehículos de alta gama, con lo cual presuntamente se completaba el proceso para ocultar su origen ilícito.

El seguimiento a estas operaciones permitió identificar a Hugo Daniel Giraldo Santamaría como presunto cabecilla de la organización y articulador de las actividades de monetización, compensación y entrega de recursos.

Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría relacionada con el manejo de grandes sumas de dinero y con el conglomerado societario.

Janeth Catalina Cano Santamaría, al parecer, coordinaba la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales; Johan Mateo Ruiz Orijhuela habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de cuantiosas sumas de dinero; y Luis Andrés Ospina Ochoa sería el encargado de darle tránsito y mantener ocultos los dineros a través de las sociedades investigadas.

Estas cinco personas fueron capturadas en diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), en una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA.

En los procedimientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte, y otros elementos de interés para el avance de las investigaciones.

Asimismo, tres inmuebles ubicados en Envigado (Antioquia) y Barranquilla, valorados en cerca de 2.500 millones de pesos, fueron ocupados con fines de comiso.

De manera paralela, y como parte de un proceso de extinción del derecho de dominio, fueron decretadas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre otros 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado (4 inmuebles, 19 vehículos, 9 sociedades y 4 establecimientos de comercio), cuyo valor estimado supera los 10,2 millones de dólares.

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