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Miguel Uribe: primeras pesquisas de la Fiscalía por atentado a senador

Cinco horas después del ataque sicarial ocurrido en Bogotá, el ente acusador desplegó un equipo especializado para esclarecer los hechos.

Fiscalía 10 J
Por Agencia Periodismo Investigativo | Sáb, 07/06/2025 - 21:38 Créditos: Radio Nacional de Colombia

Cinco horas después del ataque sicarial ocurrido en Bogotá, el ente acusador desplegó un equipo especializado para esclarecer los hechos.

La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado oficial en el que confirmó la apertura de una investigación prioritaria por el atentado sicarial que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

El pronunciamiento se conoció cinco horas después del ataque, y detalla el despliegue técnico y judicial activado para esclarecer los hechos, identificar a los autores materiales y establecer si existieron determinadores intelectuales.

De acuerdo con el informe, el caso está siendo coordinado por la Delegada para la Seguridad Territorial y el Director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Desde el lugar de los hechos, donde fueron recolectadas las primeras evidencias físicas, se iniciaron actos urgentes de indagación, incluidos peritajes balísticos, análisis forenses, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de seguridad.

El atentado, según la Fiscalía, se produjo a plena luz del día, mientras el precandidato del Partido Centro Democrático realizaba un acto proselitista en el parque El Golfito de Modelia. Uribe Turbay recibió dos impactos de bala.

En el ataque también resultaron heridas dos personas más, y fue aprehendido un menor de 15 años, señalado como el presunto autor material, quien portaba un arma de fuego tipo pistola Glock 9 milímetros.

La Fiscalía reportó la apertura de dos noticias criminales: una en la Unidad de Vida de la Dirección de Seguridad Territorial de Bogotá, y otra en la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes, lo que indica que el ente acusador está considerando distintas hipótesis que podrían involucrar tanto a estructuras criminales como a autores intelectuales.

El documento también informó que el CTI trabaja de forma articulada con la DIJIN y la SIJIN de la Policía Nacional, desarrollando cuatro líneas investigativas aún no reveladas públicamente, pero que apuntan a determinar el origen, los móviles y la eventual premeditación del atentado.

En su declaración, la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón calificó el hecho como una "arremetida contra las formas de participación democrática", y advirtió que no se trata solamente de un ataque personal, sino de una agresión directa contra el sistema político colombiano.

“La Fiscalía General de la Nación asume este atentado como un acto de violencia que busca desestabilizar la democracia en pleno proceso electoral”, señaló el comunicado.

Camargo también expresó su “profunda solidaridad con la familia y allegados” de Uribe Turbay, y anunció la implementación de una estrategia investigativa conjunta con la Policía Nacional, para garantizar resultados en el menor tiempo posible.

Según la jefa del ente investigador, esta articulación incluirá tanto operativos de inteligencia como despliegues técnicos en distintas ciudades, en caso de ser necesario.

Lea también: (Altas Cortes condenan atentado contra Miguel Uribe y llaman a defender la vida y la democracia)

Finalmente, la fiscal general hizo un llamado a la unidad institucional para blindar el proceso electoral y proteger la vida de los aspirantes en contienda.

“La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón exhorta a la unidad del país y de todas las instituciones, para blindar el proceso electoral en curso y dar plenas garantías a las campañas y a los y las aspirantes al ejercicio del poder político, como fortaleza de la democracia”, indicó el documento.

La Fiscalía concluyó que sus funcionarios están comprometidos con alcanzar la verdad, esclarecer responsabilidades y judicializar tanto a los autores materiales como a los determinadores del atentado, reafirmando su deber constitucional como garante de justicia en Colombia.

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