Matador trata a primera dama de “Ratita”: razones del gobierno para acudir a la Fiscalía

El Gobierno nacional pidió a la Fiscalía General de la Nación examinar las expresiones atribuidas al caricaturista Julio César González, conocido como Matador, contra la primera dama de Colombia, después de que se le señalara por utilizar el término “ratica” y realizar comentarios sobre su apariencia física.

En su cuenta el dibujante señaló: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica.”

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La solicitud quedó consignada en un comunicado de la Presidencia de la República, fechado el 11 de octubre de 2026, que cuenta con el respaldo de ministros y altos funcionarios del Ejecutivo.

El pronunciamiento, titulado “¡Basta ya de misoginia! La dignidad y el liderazgo de las mujeres en la vida pública se respetan”, rechaza los señalamientos personales dirigidos contra la esposa del presidente de la República y plantea que las autoridades judiciales determinen si las expresiones denunciadas pueden configurar alguna conducta sancionable conforme a la legislación colombiana.

En el documento, el gabinete ministerial sostiene que los comentarios atribuidos al caricaturista constituyen una forma de descalificación basada en el género y cuestiona que la apariencia física de una mujer sea utilizada como argumento en una controversia pública.

La posición institucional distingue entre la crítica política, protegida por la libertad de expresión, y las manifestaciones que, según el Ejecutivo, buscan desacreditar a una persona mediante referencias a su cuerpo o condición de mujer.

La petición dirigida a la Fiscalía no equivale a una determinación de responsabilidad penal. El Gobierno solicita que el organismo investigador examine los hechos y establezca, dentro de sus competencias, si existe fundamento jurídico para iniciar las actuaciones correspondientes.

“Hacemos un llamado firme a la Fiscalía General de la Nación para que examine estas expresiones con la seriedad y diligencia que exige la protección de los derechos de las mujeres”, señala el comunicado oficial.

La declaración precisa que corresponde a las autoridades competentes, con independencia y respeto por el debido proceso, determinar si los hechos configuran alguna conducta sancionable y si procede activar los mecanismos legales establecidos en el ordenamiento jurídico.

El pronunciamiento fue suscrito por integrantes del Gobierno nacional y funcionarios de distintas dependencias de la administración central.

Entre los nombres que aparecen en el documento figuran el vicepresidente José Manuel Restrepo, el secretario general Carlos Andrés Ríos, el jefe de Despacho Presidencial Nicolás Gómez y el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino.

También aparecen las firmas del ministro de Defensa Nacional, Jorge Eduardo Mora; el ministro del Interior, Rodrigo Lara; el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula; y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez.

La comunicación cuenta, además, con el respaldo de las ministras Ana María Vesga, de Salud y Protección Social; Natalia López, de Trabajo; María Nohemí Arboleda, de Minas y Energía; e Ilva Myriam Hoyos, de Educación Nacional.

Entre los demás integrantes del gabinete que figuran como firmantes están Indalecio Dangond, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; Fabio Arjona, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio; Elsa Noguera, ministra de Transporte; Alexandra Falla, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Paola Holguín, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes; Juliana Gutiérrez, ministra del Deporte; Claudia Benavides, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación; y Mauricio Gómez, ministro de Comercio, Industria y Turismo.

El respaldo institucional incluye a David Tamayo, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; Valerie Lafaurie, consejera presidencial para las Regiones; Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación; María Carolina Restrepo, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; María Fernanda Sandoval, secretaria para las Comunicaciones de Presidencia; Sandra Suárez, directora de Prosperidad Social; y Andrés Barreto, secretario Jurídico de la Presidencia.

El Ejecutivo fundamentó su rechazo en la consideración de que los ataques contra la apariencia física no constituyen cuestionamientos sobre las decisiones, las propuestas o el desempeño de una mujer en un cargo o espacio de representación pública.

“La animalización de una mujer y los ataques contra su aspecto físico son formas de descalificación que consideramos profundamente misóginas”, expresa el documento, que advierte sobre la utilización de estereotipos de género para afectar la dignidad de quienes participan en escenarios políticos.

La declaración también cuestiona que determinadas expresiones puedan justificarse exclusivamente por su intención humorística o satírica. Para el Gobierno, la existencia de controversias políticas no elimina el derecho de las personas a rechazar públicamente manifestaciones que consideren degradantes o discriminatorias.

“La misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política”, afirma la Presidencia, al tiempo que reconoce que la crítica, la sátira y el debate democrático están protegidos por la libertad de expresión.

En materia jurídica, el comunicado menciona expresamente la Ley 1257 de 2008, que establece disposiciones para prevenir, sancionar y erradicar distintas formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

Esta legislación contempla, entre otras categorías, el daño psicológico y establece medidas de protección frente a conductas que afecten la integridad y los derechos de las mujeres.

La norma define el daño psicológico a partir de las consecuencias que pueden producir determinadas acciones u omisiones sobre la autonomía, las decisiones, las creencias y el comportamiento de una mujer.

Su aplicación a hechos concretos requiere examinar las circunstancias y los elementos establecidos por la legislación.
Asimismo, el Gobierno invoca la Ley 2453 de 2025, relacionada con la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en política.

La referencia busca situar la controversia dentro de los mecanismos de protección previstos para quienes participan en actividades públicas y ejercen derechos políticos.

La mención de estas disposiciones no implica que se haya demostrado una infracción legal por parte de Matador. El comunicado plantea que sean las instituciones competentes las encargadas de evaluar las expresiones y determinar su eventual relevancia jurídica.

El documento sostiene que las mujeres que participan en la vida pública han enfrentado barreras relacionadas con prejuicios, discriminación y distintas manifestaciones de violencia.

A partir de esa consideración, el gabinete rechaza que la exposición pública de una persona pueda interpretarse como una aceptación de ataques contra su dignidad.

Para los firmantes, el ejercicio de funciones públicas, el liderazgo político y la participación en controversias nacionales no deben estar condicionados a soportar expresiones humillantes relacionadas con características personales.

El Gobierno también plantea que el rechazo a las manifestaciones de violencia contra las mujeres debe mantenerse independientemente de las posiciones políticas o ideológicas de las personas involucradas.

“No puede existir una condena selectiva: lo que se rechaza cuando afecta a unas mujeres no puede justificarse, minimizarse o ignorarse cuando se dirige contra otras”, señala el pronunciamiento.

La declaración insiste en que la defensa de los derechos de las mujeres debe aplicarse sin distinciones por origen, apellido, ideología o posición pública.

En ese sentido, extiende su mensaje de solidaridad a otras colombianas que, según el Ejecutivo, han enfrentado discriminación o humillaciones por participar en espacios de liderazgo.

El Ejecutivo concluye con una manifestación de respaldo a la primera dama y una defensa de la participación de las mujeres en la vida pública, reiterando que la libertad de prensa, la caricatura y el disenso político deben coexistir con la protección de la dignidad personal.

“El respeto por las mujeres no se negocia. La misoginia no se justifica y la defensa de su dignidad no admite dobles discursos”, concluye el comunicado suscrito por el gabinete ministerial y altos funcionarios del Gobierno nacional.

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