Magnicidio Miguel Uribe: Fiscalía investiga posible infiltración en su esquema de seguridad

La Fiscalía General de la Nación investiga una posible infiltración en el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay, luego de detectar coincidencias de ubicación entre dos escoltas y un condenado en los momentos previos al crimen del precandidato presidencial, ocurrido en junio de 2025. El hallazgo se suma a los avances judiciales que esta semana dejaron dos nuevas condenas por el magnicidio.

En el desarrollo de las indagaciones, las autoridades estarían evaluando elementos hallados en los dispositivos de la red criminal. Según informó la firma de abogados, se analiza la posible existencia de un contacto guardado con la denominación de "escolta del senador" dentro del teléfono celular de uno de los integrantes de la estructura señalada en el caso.

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El pronunciamiento precisa que estos hallazgos se encuentran en etapa de verificación formal por parte de los investigadores, por lo cual no permiten atribuir responsabilidades penales definitivas ni afirmar formalmente la participación de miembros del esquema de protección. Sin embargo, la representación jurídica enfatizó la necesidad de actuar bajo un criterio de prevención ante la gravedad de la información.

Frente a este panorama, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados solicitó formalmente al Gobierno Nacional, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Nacional la adopción inmediata de medidas de seguridad reforzadas para salvaguardar la vida e integridad de los familiares de Miguel Uribe Turbay.

Dos nuevas condenas por el magnicidio

Este jueves, en atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, y Cristian Camilo González Ardila reconocieron mediante preacuerdo su participación en las labores de planeación y logística del magnicidio del precandidato presidencial y exsenador Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Una juez penal especializada avaló la negociación judicial, tras constatar que las sanciones acordadas se ajustan a la normatividad vigente, y condenó a Mora Silva a 15 años y ocho meses de prisión, y a González Ardila a 11 años y siete meses de prisión, como responsables, de acuerdo con su participación individual, de los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; concierto para delinquir agravado, y uso de menores en la comisión de delitos.

Según la investigación adelantada por un grupo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Mora Silva contactó al joven que disparó contra la víctima. Además, el día del ataque sostuvo una videollamada con otros involucrados, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, durante la cual el adolescente recibió instrucciones precisas sobre el proceder criminal.

Por su parte, González Ardila se sumó al plan delictivo comprometiéndose a recoger en motocicleta al menor de edad que ejecutó el atentado, con el propósito de facilitar su huida.

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