La historia del guardián millonario del Inpec en Itagüi: gana un poco más del mínimo pero tiene una fortuna

La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra un guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) señalado de haber acumulado un patrimonio millonario mientras prestaba sus servicios en la cárcel de Itagüí, Antioquia.

De acuerdo con denuncias conocidas por las autoridades, el funcionario habría facilitado privilegios a jefes de organizaciones criminales recluidos en el pabellón de máxima seguridad, en medio del proceso de acercamientos con estructuras ilegales en Medellín.

Según los reportes incluidos en expedientes judiciales y disciplinarios, el servidor público habría adquirido varios bienes, entre ellos cuatro apartamentos, locales comerciales y un vehículo de alta gama, pese a devengar un salario básico mensual que no superaría los dos salarios mínimos vigentes.

El incremento patrimonial, de acuerdo con las denuncias, se habría producido durante los últimos años, coincidiendo con la llegada de cabecillas criminales a ese centro de reclusión.

Las irregularidades señaladas no se limitarían al presunto enriquecimiento. Funcionarios del propio Inpec advirtieron sobre un conjunto de prácticas que incluían la realización de celebraciones dentro del penal, con ingreso de licor, alimentos especiales y otros elementos prohibidos.

En uno de los episodios documentados, se describe la organización de una fiesta en el pabellón de alta seguridad, en la que participaron internos considerados de alto perfil y que habría permanecido oculta hasta que fue reportada por personal del instituto.

A estas denuncias se suman versiones sobre eventos adicionales, como reuniones con comidas especiales y el ingreso irregular de visitantes, sin que existieran registros formales en los controles de seguridad.

Las advertencias también apuntan a la presunta participación de varios funcionarios que, según los reportes, habrían recibido pagos para permitir dichas actividades.

Uno de los hechos que generó mayor impacto fue la realización de una parranda vallenata en el interior del penal, que, según testimonios recogidos en la investigación, habría tenido un costo superior a los 500 millones de pesos.

Parte de esos recursos, de acuerdo con las denuncias, se habrían destinado a funcionarios que omitieron controles dentro del establecimiento penitenciario.

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Las irregularidades habían sido advertidas previamente. Un informe entregado hace más de un año por el Ministerio de Justicia al presidente de la República incluyó alertas sobre posibles excesos en la cárcel de Itagüí, así como sobre decisiones que habrían interferido en operativos de control adelantados por grupos especiales del Inpec.

Testimonios recogidos en el expediente indican que, en varias ocasiones, operativos de inspección fueron suspendidos o anticipados mediante filtraciones, lo que habría permitido ocultar elementos prohibidos dentro del pabellón de máxima seguridad.

Además, se menciona el ingreso de vehículos en horas de la madrugada y la presunta coordinación de actividades sin autorización oficial.

A pesar de las denuncias y de estar identificado en procesos disciplinarios y penales, el guardián investigado habría permanecido en su cargo durante parte de las indagaciones, manteniendo contacto directo con internos de alto perfil.

El escándalo llevó al Inpec a adoptar medidas administrativas, incluida la suspensión de algunos funcionarios. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación, al asumir el caso con poder preferente, revocó dichas decisiones, lo que permitió el reintegro de varios de los implicados mientras avanzan las investigaciones.

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