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Juzgado condena a cinco escoltas de la familia de cantante Greeicy Rendón por tortura en finca de Rionegro

Justicia condena a seguridad privada de la artista por caso de tortura en Antioquia.

Greeicy Rendón
Por Agencia Periodismo Investigativo | Sáb, 07/02/2026 - 12:20 Créditos: Archivo Particular

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitió sentido de fallo condenatorio por el delito de tortura agravada en contra de cinco escoltas vinculados al esquema de seguridad de la familia de la cantante Greeicy Rendón.

Los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2023 en la finca La Convención, ubicada en el sector Llanogrande, municipio de Rionegro, departamento de Antioquia.

La sentencia se relaciona con las agresiones físicas y psicológicas infligidas a dos trabajadores de dicha propiedad, quienes fueron señalados como presuntos responsables del hurto de una caja fuerte.

Según el material probatorio allegado por la Fiscalía General de la Nación, los escoltas sometieron a los trabajadores a actos de violencia luego de que se reportara la desaparición de un contenedor metálico que, conforme a lo expuesto por la familia Rendón, almacenaba dinero en efectivo y joyas avaluadas en una suma considerable.

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La reacción inmediata ante la pérdida fue una presunta actuación al margen de los canales institucionales, con el fin de obtener por medios coercitivos información sobre el paradero de los bienes extraviados.

Durante la investigación se acreditó que los procesados mantuvieron a los trabajadores privados de la libertad dentro de las instalaciones de la finca por varias horas.

La Fiscalía sostuvo que los imputados trasladaron por separado a las víctimas a diferentes áreas del predio, donde los sometieron a interrogatorios bajo condiciones de intimidación, incluyendo golpes y amenazas, con la finalidad de obtener una confesión.

Esta conducta fue valorada por el juzgado como constitutiva del delito de tortura agravada, aunque los acusados fueron absueltos del cargo de secuestro simple.

El fallo involucra a Ariel Armel Ospina Mendieta, Kevin Alexander Bernal, Giovani Alberto Hernández, Brandon Steven Cruz y Gelbert Cárdenas Torres, quienes, para la fecha de los hechos, prestaban servicios como escoltas de la familia de la artista y de su pareja sentimental, el también cantante Mike Bahía.

El juzgado consideró suficientemente acreditada su participación activa en los actos investigados y fijó la audiencia de lectura de sentencia para el próximo 12 de febrero, en la que se conocerá la pena privativa de la libertad que deberán cumplir.

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El expediente contiene, entre otros elementos, las declaraciones de las dos víctimas y de un vigilante del sector, quien fue testigo del ingreso inusual de una camioneta al inmueble.

Este último, al escuchar gritos provenientes de la propiedad y percibir que algo irregular ocurría, alertó a las autoridades.

Su testimonio resultó clave para la activación del protocolo policial, que permitió constatar las condiciones en que se encontraban los trabajadores.

Uno de los empleados señaló que fue citado por el padre de la cantante a una reunión con los miembros de seguridad, y que al llegar al punto de encuentro le fue requisado su teléfono móvil.

Posteriormente, fue conducido a otra zona de la finca, donde permaneció incomunicado y recibió agresiones. En sus palabras, no se trató de una entrevista o aclaración, sino de un proceso coercitivo.

La versión del otro trabajador coincide en cuanto al trato recibido y a las amenazas proferidas.

La investigación también mantiene en curso actuaciones penales contra Luis Alberto Rendón Melo, padre de la cantante, a quien se le imputaron cargos por tortura agravada y secuestro simple en calidad de presunto determinador. 

Según la tesis de la Fiscalía, habría ordenado la acción ejecutada por los escoltas, luego de asumir que los trabajadores estaban implicados en el hurto.

El ente acusador sostiene que Rendón Melo lideró un mecanismo informal de reacción para esclarecer lo ocurrido con la caja fuerte y recuperar el contenido, sin acudir a la Policía Judicial ni a los órganos de investigación penal del Estado.

De ser hallado responsable, el imputado podría enfrentar una sanción penal de alta severidad, dado que se le atribuye una posición de mando y decisión sobre los hechos.

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