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Justicia Penal Militar abre investigación por bombardeo en Guaviare donde murieron siete menores reclutados
El organismo castrense evaluará si la Fuerza Pública aplicó correctamente los protocolos de uso de la fuerza durante la operación en Calamar, en la que murieron más de veinte integrantes de las disidencias de las Farc.
La Justicia Penal Militar inició una investigación formal para esclarecer las circunstancias del bombardeo efectuado a comienzos de noviembre en zona rural de Puerto Cubarro, municipio de Calamar (Guaviare), donde murieron veinte personas, entre ellas siete menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc.
El proceso, adelantado por la Fiscalía Militar y Policial, busca establecer si los uniformados que participaron en la operación cumplieron con los estándares nacionales e internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza en contextos de confrontación armada. Según fuentes consultadas por La FM, la revisión se adelantará “con la máxima rigurosidad jurídica y técnica” y contempla la recolección de material probatorio, testimonios y análisis operacionales.
La intervención militar tenía como objetivo neutralizar a integrantes del grupo armado que, de acuerdo con inteligencia, preparaban una emboscada contra un pelotón de 20 soldados desplegados en la zona. Tanto el Ministerio de Defensa como la Presidencia han defendido la operación argumentando que la ofensiva evitó un ataque de mayor magnitud planeado por cerca de 150 disidentes.
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El fallecimiento de los siete menores, cuyos cuerpos fueron identificados por Medicina Legal, generó un fuerte debate político y social en el país. Organizaciones de derechos humanos insistieron en que el Estado debe reforzar los protocolos de verificación de presencia de niños en campamentos antes de autorizar bombardeos, mientras voces del Gobierno recalcaron que los menores estaban siendo utilizados por las disidencias como escudos en estructuras dedicadas a actividades criminales.
La investigación castrense se desarrollará en paralelo a las indagaciones de la justicia ordinaria y a los reportes que organismos de control solicitaron para determinar eventuales responsabilidades. Entre tanto, autoridades en la zona continúan monitoreando el movimiento de estructuras armadas que operan en el sur del país.
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