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JEP niega tutela del antiguo secretariado de las Farc que pedía amparo al debido proceso
El fallo determinó que las solicitudes elevadas no guardaban relación con casos concretos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró improcedente la tutela presentada por el antiguo secretariado de las extintas Farc-EP, que pedía amparo al debido proceso y al derecho de petición. Sin embargo, los conjueces de la Sección de Revisión ordenaron a la Presidencia de la JEP responder de forma más detallada una solicitud relacionada con la posibilidad de acumular conductas en un “único macrocaso”.
El fallo determinó que las solicitudes elevadas por Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Parra no guardaban relación con casos concretos, por lo que no se configuró una vulneración al debido proceso.
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En cuatro de los cinco puntos planteados, la JEP ya había dado respuesta dentro de los mecanismos previstos en la Constitución y la Ley Estatutaria.
Entre esas solicitudes estaban: expedir una resolución única por compareciente, trasladar todos los procesos de excombatientes de la justicia ordinaria a la JEP, definir la situación de quienes no fueron seleccionados como máximos responsables y cesar investigaciones contra condenados por delitos no amnistiables. Los conjueces concluyeron que la respuesta institucional fue suficiente y no requería intervención judicial.
La única excepción fue la inquietud sobre la posibilidad de consolidar conductas en un solo macrocaso. En este punto, los conjueces ordenaron a la Presidencia de la JEP pronunciarse con mayor precisión en un plazo de diez días hábiles, como garantía del derecho de petición en asuntos administrativos.
La decisión no suspende ninguno de los procesos en curso en la Sección de Reconocimiento de Verdad ni afecta el avance hacia las primeras sanciones contra comparecientes imputados como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La JEP reiteró que seguirá cumpliendo su mandato de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los más graves delitos cometidos durante el conflicto armado.
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