JEP imputa a nueve excomandantes de las Farc por 44 crímenes contra cinco pueblos indígenas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a nueve excomandantes de las extintas Farc por su presunta responsabilidad en al menos 44 crímenes no amnistiables cometidos contra cinco pueblos indígenas en la Amazonía y la Orinoquía colombianas. La decisión publicada por el diario El Tiempo corresponde al subcaso Amazonía y Orinoquía del Caso 09, que investiga crímenes contra pueblos y territorios étnicos en el marco del conflicto armado.

De acuerdo con la Sala, los hechos afectaron a los pueblos Korebajü (Koreguaje), Siona (Zio Bain), Hitnü, Jiw y Nükak Baká. Las conductas atribuidas incluyen asesinatos, exterminio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, persecución y traslado forzoso, así como el uso de minas antipersonal y la destrucción de la naturaleza como bien civil.

La decisión, con ponencia del magistrado Juan José Cantillo, califica los hechos como posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad. Además, atribuye a los comparecientes principalmente responsabilidad como coautores mediatos, mediante un aparato organizado de poder y, en el caso de la tortura, responsabilidad de mando.

¿Quiénes son los nueve excomandantes imputados por la JEP?

La imputación comprende a siete antiguos integrantes del Bloque Sur y dos del Bloque Oriental de las extintas Farc.

Por el Bloque Sur fueron imputados Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido como 'Joaquín Gómez'; Floresmiro Burbano, alias 'Martín Corena'; Fabián Ramírez Cabrera; Darío Lee Díaz; Luis Enrique Montes Ávila, alias 'Euclides Bermúdez'; Gustavo Cuéllar Pajoy, conocido como 'Manuel Político', y Liberman Imbachí Chilito.

Por el Bloque Oriental, la decisión señala a Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias 'Mauricio Jaramillo', y Julián Gallo Cubillos.

La Sala agrupó los hechos investigados en dos patrones criminales. El primero corresponde al control social y territorial, que comprende ataques contra autoridades tradicionales, líderes y otros integrantes de las comunidades indígenas que se oponían a los intereses de la guerrilla, así como asesinatos y expulsiones de personas señaladas de colaborar con grupos enemigos.

El segundo patrón está relacionado con la conducción de hostilidades. En este apartado se incluyen el uso de minas antipersonal en territorios ancestrales y las afectaciones a la naturaleza, que comprometieron las condiciones de vida y la relación de los pueblos indígenas con sus territorios.

Entre los hechos más graves documentados por la JEP se encuentran dos masacres contra integrantes del pueblo Korebajü, ocurridas en 1997 en el municipio de Milán, Caquetá.

La primera tuvo lugar el 25 de julio en el resguardo de San Luis. Según la reconstrucción incluida en el auto, trece hombres armados llegaron al lugar con una lista de nombres y separaron a los habitantes por sexo y edad. Posteriormente, seleccionaron a siete hombres y los asesinaron con disparos en la cabeza.

Entre las víctimas estaban Reimundo Figueroa, cacique del resguardo; los docentes Abrahán Figueroa Piranga y Edgar Camacho Bolaños, y los líderes tradicionales Dionisio Figueroa Camacho, Carlos Valencia Pizarro, Salvador Piranga Castaño y Leonardo Bolaños Calderón.

El documento atribuye estos hechos a integrantes de los frentes 15 y 49 de las Farc. Asimismo, recoge testimonios según los cuales la orden habría provenido de alias 'Mocho César', ya fallecido, junto con alias 'Euclides Bermúdez'. Tras la masacre, la comunidad se desplazó colectivamente.

Poco más de un mes después, el 4 de septiembre de 1997, ocurrió una segunda masacre en el resguardo de San José del Cuerazo. En ese lugar fueron asesinados cuatro hombres: Alejandro Piranga Pizarro, autoridad tradicional del resguardo; José Piranga Pizarro; Salomón Piranga Valencia, y Waldemiro Camacho Bolaños.

Estos hechos hacen parte de los episodios documentados por la Jurisdicción para establecer cómo la violencia contra líderes y autoridades indígenas afectó la organización comunitaria y la permanencia de los pueblos en sus territorios ancestrales.

El auto también recoge otros hechos ocurridos en diferentes años del conflicto armado. Uno de ellos fue el asesinato de Luis Piranga, concejal de Milán y líder del pueblo Korebajü, ocurrido el 12 de octubre de 1996 en la localidad de Herichá. Según el documento, el dirigente recibió dos disparos en la cabeza.

Posteriormente, el 10 de julio de 1997, cuatro integrantes de la comunidad —Elvier Figueroa Camacho, Fanio Figueroa, Oimar Murcia y Fredy Bolaños— fueron desaparecidos en San Luis. De acuerdo con la reconstrucción, habían sido llamados mediante una lista y no regresaron.

La decisión también menciona el caso de Vladimir Gutiérrez Cruz, de 14 años, quien fue retenido y desaparecido el 14 de abril de 2009 por integrantes del Frente 15, después de manifestar que trabajaba para el Gobierno.

A estos hechos se suma el asesinato del docente indígena Hitnü Pablo Rodríguez Garavito, ocurrido en la comunidad Cuiloto Marrero, en Puerto Rondón, Arauca. El auto señala como fecha el 9 de julio de 2009, aunque algunas fuentes de la justicia ordinaria sitúan el crimen el 9 de junio de ese mismo año.

Por último, la JEP documentó la retención de Franco Ever Yaiguaje Payaguaje, gobernador del resguardo Siona Buenavista y presidente de la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona. El líder fue privado de la libertad por integrantes del Frente 48 el 17 de noviembre de 2005 y permaneció en cautiverio durante más de veinte días.

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