JEP imputa crímenes de guerra a 12 militares por toma paramilitar de Barrancabermeja

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 personas, entre ellas nueve antiguos integrantes del Ejército Nacional, dos de la Policía y un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol, por su presunta responsabilidad en la toma paramilitar de Barrancabermeja, Santander, ocurrida entre 1998 y 2000.

Esta constituye la primera imputación del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, investigación en la que la JEP busca esclarecer los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares y/o terceros civiles durante el conflicto armado colombiano.

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Según la JEP, las 12 personas señaladas fueron consideradas máximos responsables por su participación en la conformación de una alianza criminal con estructuras paramilitares.

De acuerdo con la investigación, esta alianza tenía como objetivo expulsar de Barrancabermeja a la guerrilla y a todas las personas que fueran identificadas como sus supuestos aliados.

¿Quiénes fueron imputados por la JEP?

Entre los imputados se encuentran nueve antiguos integrantes del Ejército Nacional: Fernando Millán Pérez, general retirado del Ejército, Alberto Bayardo Bravo Silva, general retirado, José Domingo García, coronel (r), Juvenal Ovidio Brugés Palmera, mayor (r), Oscar Diego Sánchez Vélez, coronel (r), Carlos Eduardo Avendaño Ávila, mayor (r), Oswaldo Prada Escobar, mayor (r), Héctor Eduardo Peña Porras, general (r), Jesús Herrera García, mayor (r).

Por parte de la Policía Nacional, la JEP imputó a: Juan Carlos Celis Hernández, teniente coronel (r), Nilson Durán, subteniente.

La lista de comparecientes incluye además a un tercero civil que participa voluntariamente en el proceso, quien estaba vinculado al área de seguridad de Ecopetrol.

La decisión hace parte de las investigaciones de la JEP sobre la violencia ejercida en el Magdalena Medio durante el conflicto armado y busca establecer las responsabilidades de quienes, según el tribunal, tuvieron los mayores niveles de responsabilidad en la alianza entre agentes estatales, estructuras paramilitares y terceros.

La imputación representa un nuevo avance en el Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado, paramilitares y terceros civiles en diferentes regiones del país durante el conflicto armado.

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