Helicópteros MI-17: detalles de las cinco capturas por millonario contrato que dejó a la flota en tierra

En el Fuerte Militar de Tolemaida, uno de los principales centros operativos de la Aviación del Ejército, la jornada no comenzó con el ruido habitual de los rotores sino con el despliegue de investigadores judiciales.

Agentes de la Dijín y del CTI, bajo coordinación de la Fiscalía General de la Nación, ingresaron a instalaciones militares para hacer efectivas órdenes de captura dentro de una investigación que se venía estructurando desde meses atrás y que gira en torno a un contrato relacionado con 17 helicópteros MI-17, aeronaves clave para el transporte de tropas, misiones humanitarias y operaciones en zonas de difícil acceso del país.

Aunque en la conversación pública se ha hablado de una “compra” de helicópteros, el expediente judicial y los pronunciamientos oficiales apuntan a un contrato de mantenimiento y sostenimiento de la flota MI-17, de fabricación rusa, por un valor aproximado de 32 millones de dólares.

Ese acuerdo tenía como objetivo devolver la operatividad a las aeronaves, pero terminó convertido en uno de los casos de presunta corrupción más sensibles para el sector defensa en los últimos años, no solo por el monto comprometido sino por el impacto directo sobre la capacidad aérea del Ejército.

La investigación de la Fiscalía se soporta en varios hitos contractuales que levantaron alertas tempranas.

El contrato contemplaba un anticipo cercano al 50 % de su valor total, es decir, alrededor de 16 millones de dólares, recursos que fueron desembolsados al inicio de la ejecución.

Sin embargo, de acuerdo con información oficial, meses después el avance real del contrato apenas llegaba al 8 %.

La desproporción entre el dinero entregado y los resultados obtenidos se convirtió en el principal insumo para la apertura de investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.

Antes de que el caso llegara a capturas, ya había escalado por la vía administrativa.

En noviembre, el Ministerio de Defensa anunció la imposición de una sanción millonaria a la empresa contratista Vertol Systems, que incluía una multa cercana a los 9 millones de dólares y la orden de reintegrar gran parte del anticipo recibido.

Según la cartera de Defensa, solo una fracción del dinero había sido debidamente legalizada con bienes y servicios efectivamente entregados, mientras que el resto quedó sujeto a procesos de recuperación y, de ser necesario, a reclamaciones ante la aseguradora que respaldaba el contrato.

Con ese telón de fondo, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez de control de garantías cinco órdenes de captura.

Las diligencias se concentraron en Tolemaida y en Bogotá y tocaron tanto a oficiales activos del Ejército como a funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Defensa.

Entre los capturados se encuentra el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación número 32; también fueron detenidos Hugo Alejandro Mora Tamayo, vinculado a la Secretaría General del Ministerio de Defensa, y Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera.

Las autoridades los señalan de haber intervenido en el proceso contractual de manera irregular.

Paralelo a las capturas en Colombia, la Fiscalía informó que avanzó en la cooperación judicial internacional para ubicar a directivos de la empresa contratista que no se encuentran en el país.

De acuerdo con reportes oficiales y periodísticos, se solicitaron circulares rojas de Interpol contra Carlos Martín Uribe Forero, relacionado con MI-Series Personnel & Parts, y contra James Lester Montgomerie, identificado como alto directivo o CEO de la compañía.

Esta dimensión internacional del caso refuerza la tesis de que la presunta irregularidad no se limitó a decisiones internas, sino que involucró a actores extranjeros vinculados al contrato.

En términos jurídicos, la Fiscalía ha señalado que investiga posibles conductas como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y otros delitos contra la administración pública.

La hipótesis central es que el proceso habría sido direccionado para favorecer a un contratista que no contaba con la capacidad técnica ni la experiencia necesaria para ejecutar un mantenimiento de esa magnitud, y que esa situación fue respaldada mediante documentos y decisiones administrativas que hoy están bajo escrutinio penal.

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El impacto del caso va más allá de los despachos judiciales. Durante meses, distintos medios han documentado cómo varios de los helicópteros MI-17 permanecieron en hangares, fuera de servicio, mientras el país enfrentaba emergencias humanitarias, operativos contra grupos armados y misiones de transporte en regiones apartadas.

En el sector defensa, la situación fue leída como un golpe directo a la operatividad, justo en un momento en que la movilidad aérea es determinante para el control territorial.

El Ejército Nacional anunció que, de manera paralela a la investigación penal, activó indagaciones disciplinarias internas para establecer responsabilidades dentro de la institución.

La Contraloría General también ha seguido el caso desde la óptica del control fiscal, dada la magnitud de los recursos públicos comprometidos y el riesgo de detrimento patrimonial.

Por ahora, la historia permanece abierta. Las capturas marcan un punto de quiebre, pero no el final del proceso.

Vendrán audiencias de imputación, decisiones sobre medidas de aseguramiento y un debate probatorio que determinará si las sospechas de la Fiscalía se traducen en condenas.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa insiste en la recuperación de los recursos y en la necesidad de restablecer la capacidad operativa de la flota.

La paradoja persiste: un contrato concebido para mantener en el aire a los helicópteros terminó aterrizando en los estrados judiciales, convertido en un símbolo de las fallas estructurales de la contratación pública en el sector defensa.

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