Golpe a banda “La Terraza”: 16 capturados y el rastro de extorsiones, tortura, secuestro en Medellín

La presión podía comenzar con una exigencia económica. En otros casos, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, avanzaba hasta convertirse en una amenaza contra la vida, la pérdida de un vehículo, la obligación de abandonar una vivienda o el desplazamiento de un comerciante de su lugar de trabajo.

En uno de los episodios documentados, un hombre habría sido retenido para despojarlo de su automóvil y posteriormente le exigieron $88 millones por una supuesta deuda. En otro, una víctima habría sido torturada para obligarla a entregar dinero.

Esos hechos hacen parte del expediente con el que la Fiscalía anunció este domingo 4 de octubre de 2026 la judicialización de 16 presuntos integrantes de “La Terraza”, una organización criminal que durante años ha aparecido en investigaciones de las autoridades por su presencia en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.

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La operación no se concentró en un solo grupo. Los investigadores dirigieron sus actuaciones contra tres facciones que, según la Fiscalía, estarían vinculadas con “La Terraza”: “Los de la Razón”, “Combo 13 de Noviembre” y “La Matecaña”.

Las capturas fueron realizadas por unidades de la Policía Nacional bajo la coordinación de fiscales Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

Detrás de los 16 capturados aparece un mapa de actuaciones distintas, pero con un elemento que se repite: el control ejercido sobre habitantes, comerciantes y trabajadores mediante exigencias económicas y amenazas.

La investigación atribuye a las estructuras cobros extorsivos, desplazamientos, ataques contra el patrimonio de las víctimas, tráfico de estupefacientes y otras conductas ocurridas en Medellín y municipios del área metropolitana.

La presencia de “La Terraza” en los expedientes judiciales de Medellín no es nueva. En abril de 2019, la Policía reportó que el grupo tenía injerencia en seis comunas de la ciudad, además de Envigado y Sabaneta, y relacionó su actividad con extorsiones, tráfico de estupefacientes, homicidios selectivos, desplazamientos forzados, hurtos y secuestros. Ese mismo año fue capturado uno de sus coordinadores, conocido como alias Keiler.

Dos años después, en 2021, otra investigación llevó a la captura de 19 personas señaladas de pertenecer a “La Terraza”. En ese momento, la Policía sostuvo que las víctimas eran principalmente comerciantes y transportadores y que las actividades atribuidas a la organización incluían extorsiones, hurtos, desplazamientos forzados y atentados utilizados para presionar el pago de exigencias económicas. Las autoridades calcularon entonces que esa estructura podía recaudar entre $70 millones y $80 millones mensuales.

El expediente conocido ahora permite observar cómo esa capacidad de intimidación habría funcionado en sectores específicos del Valle de Aburrá.
En Sabaneta, la investigación se concentró en “Los de la Razón”. Según la Fiscalía, esta facción habría impuesto exigencias económicas a habitantes y comerciantes.

El mecanismo no siempre terminaba con la entrega directa de dinero: en determinados casos, sus integrantes presuntamente se apoderaban de los vehículos de las víctimas y condicionaban su devolución al pago de una suma.

Las autoridades capturaron en La Estrella, Sabaneta e Itagüí a Hernando Arturo Mazo Peláez, alias Nando; Leonardo Restrepo Olaya, alias Lulo; Miguel Ángel Ortiz Mejía, alias Pelu, y Juan Sebastián Cadena Rodríguez, alias Cadena.

La Fiscalía les imputó, de acuerdo con la presunta participación individual de cada uno, delitos de concierto para delinquir, extorsión, tentativa de extorsión y hurto calificado, conductas señaladas como agravadas. Se trata, por ahora, de personas procesadas y las responsabilidades penales deberán ser determinadas por los jueces.

El segundo frente de la investigación condujo hasta la comuna 8 de Medellín. Allí las autoridades ubicaron al denominado “Combo 13 de Noviembre”, vinculado por la Fiscalía con “La Terraza” y con presencia principalmente en los barrios 13 de Noviembre y Villa Tina.

El dinero exigido a las víctimas podía parecer menor frente a las cifras de otras formas de extorsión, pero la periodicidad convertía los pagos en una fuente constante de recursos. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores, los cobros habrían oscilado entre $50.000 y $200.000 semanales.

Entre las personas que presuntamente debían entregar el dinero había propietarios de tiendas, criadores de cerdos, recicladores y trabajadores dedicados a la instalación de servicios de telecomunicaciones.

Quienes se resistían podían enfrentar consecuencias que iban más allá de una nueva exigencia económica. La Fiscalía sostiene que algunas víctimas habrían recibido amenazas contra sus vidas y presiones para salir del sector. En determinados casos, la orden era abandonar el lugar en menos de 24 horas.

Esa combinación entre extorsión y control territorial constituye uno de los elementos que durante años han acompañado las investigaciones contra estructuras criminales de Medellín. Un estudio publicado por la Alcaldía sobre coerción extorsiva analizó precisamente la manera en que redes criminales utilizan mecanismos de control económico y territorial en diferentes sectores de la ciudad. En ese documento, “La Terraza” figuraba entre las estructuras con presencia mediante varias bandas.

En la investigación sobre el “Combo 13 de Noviembre” fueron capturados John Alexander Baquero Rojas, señalado por la Fiscalía como uno de sus presuntos cabecillas; Jorge Iván Flórez Marín, alias Jorgito, y Carlos Andrés Hincapié Ríos, alias Orejas.

Los tres fueron presentados ante un juez de control de garantías. Un fiscal Gaula les imputó delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, tentativa de extorsión agravada, desplazamiento forzado y hurto calificado y agravado.

Pero el expediente no termina en Sabaneta ni en la comuna 8. La tercera línea de la operación se dirigió contra “La Matecaña”, facción a la que las autoridades atribuyen actividades de tráfico de estupefacientes y extorsiones contra comerciantes, particulares y turistas en las comunas 5, 6 y 7 de Medellín.

Para la Fiscalía, al frente de esa estructura estaría José Antonio Giraldo Suárez, alias Cepillo. Los investigadores sostienen que tendría bajo su mando a varias personas encargadas de obtener recursos mediante esas actividades y de intimidar a quienes se resistían a las exigencias.

Alias Cepillo y ocho de sus presuntos colaboradores fueron capturados.
La Fiscalía les imputó delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, desplazamiento forzado, tortura, secuestro simple y hurto calificado y agravado.

Dos casos reconstruidos durante la investigación muestran el nivel que presuntamente alcanzaban las presiones.

En el primero, un ciudadano habría sido retenido con el propósito de quitarle su vehículo. Después apareció una exigencia: debía entregar $88 millones por una supuesta deuda que, de acuerdo con la versión conocida por la Fiscalía, mantenía con la estructura.

Finalmente, el vehículo le fue devuelto, pero la presión no habría terminado allí. Los señalados integrantes de la organización lo obligaron, según el expediente, a abandonar su residencia.

El segundo caso ocurrió en la comuna 5 de Medellín. Un hombre habría sido sometido a torturas mientras lo presionaban para que entregara dinero. La víctima consiguió escapar. Sin embargo, cuando llegó a su vivienda, integrantes de la estructura presuntamente ya estaban esperándolo. Allí le habrían quitado una cadena de oro y dinero en efectivo.

Son episodios que llevaron a que la investigación no se limitara al delito de extorsión. Las imputaciones anunciadas por la Fiscalía incluyen desplazamiento forzado, tortura y secuestro simple, además de los delitos contra el patrimonio económico.

El operativo de octubre se suma a una cadena de acciones contra “La Terraza” realizadas durante más de una década. En 2015, la Policía capturó a 11 presuntos integrantes y relacionó a la organización con homicidios selectivos, narcotráfico, microtráfico, extorsión, hurto y tráfico de armas en sectores de Aranjuez, Manrique y Villa Hermosa.

En 2017, otro operativo realizado en el centro de Medellín dejó 12 capturas. La Policía aseguró entonces que la estructura investigada cobraba extorsiones al comercio formal e informal, rutas de buses y trabajadoras sexuales y que utilizaba supuestas cooperativas de trabajo y asociaciones de vigilancia como fachada.

En 2019, las autoridades situaban la influencia de “La Terraza” en las comunas 1, 2, 3, 4 y 11, además de la zona céntrica de Medellín y los municipios de Sabaneta y Envigado. Las investigaciones de ese momento también asociaban a la organización con extorsiones, venta de estupefacientes, homicidios selectivos, desplazamiento forzado y hurtos.

En 2019, las autoridades situaban la influencia de “La Terraza” en las comunas 1, 2, 3, 4 y 11, además de la zona céntrica de Medellín y los municipios de Sabaneta y Envigado. Las investigaciones de ese momento también asociaban a la organización con extorsiones, venta de estupefacientes, homicidios selectivos, desplazamiento forzado y hurtos.

En marzo de 2021, tras otra captura de un señalado cabecilla, la Policía estimó las rentas criminales del grupo entre $300 millones y $500 millones mensuales, principalmente por tráfico de estupefacientes.

Y la ofensiva ha continuado durante 2026. Apenas el pasado 6 de agosto, la Alcaldía de Medellín informó sobre la captura de 11 adultos y la aprehensión de dos adolescentes en una investigación contra otra estructura relacionada con “La Terraza”.

Ese expediente estableció que los investigados presuntamente obtenían recursos mediante extorsiones a comerciantes informales, administradores de parqueaderos, revendedores de boletería y personas dedicadas al parqueo informal durante conciertos y partidos de fútbol en sectores próximos al estadio Atanasio Girardot y La Macarena.

Según las autoridades de Medellín, durante un evento masivo esa estructura podía obtener entre $200 millones y $300 millones por cobros ilegales. La investigación había requerido ocho meses e incluyó interceptaciones telefónicas, revisión de cámaras de seguridad y otras labores de policía judicial.

Meses antes también fue localizado un inmueble que, según las autoridades, funcionaba como centro de almacenamiento de armas y estupefacientes de “La Terraza”. Allí fueron incautadas armas de fuego y sustancias ilícitas, incluidas drogas sintéticas que presuntamente iban a ser distribuidas en diferentes puntos del Valle de Aburrá.

El nuevo expediente de la Fiscalía muestra una característica adicional: no presenta a “La Terraza” únicamente como un grupo concentrado bajo una sola denominación, sino que dirige las actuaciones judiciales contra facciones con presencia y métodos particulares en diferentes territorios. “Los de la Razón”, “Combo 13 de Noviembre” y “La Matecaña” aparecen ahora en un mismo proceso investigativo por sus presuntos vínculos con esa estructura.

La Fiscalía informó que la operación fue producto de análisis criminológicos y actividades de policía judicial mediante los cuales priorizó las investigaciones contra las distintas estructuras que conformarían “La Terraza”.

El resultado anunciado este 4 de octubre deja 16 personas capturadas y judicializadas. Pero detrás de la cifra aparecen las historias que dieron origen a los expedientes: comerciantes a quienes presuntamente les cobraban cada semana, trabajadores amenazados para que abandonaran sus sectores, vehículos utilizados como instrumento de presión, una exigencia de $88 millones, un hombre sometido a tortura y familias que, según la investigación, tuvieron que dejar sus viviendas.

Es el mismo nombre que aparece una y otra vez en los registros de las autoridades desde hace años: “La Terraza”. Cambian los capturados, los sectores y las facciones investigadas, mientras Fiscalía y Policía intentan afectar las redes que, según sus investigaciones, han sostenido sus actividades mediante el dinero de la extorsión, el tráfico de estupefacientes y el control ejercido sobre determinados territorios del Valle de Aburrá.

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