Gobierno suspende diálogos de Paz Urbana en Medellín tras escándalo por parranda vallenata en cárcel de Itagüí

El Gobierno Nacional anunció este jueves la suspensión de los diálogos de Paz Urbana en Medellín, luego de que se revelara la realización de una parranda vallenata al interior de la cárcel de Itagüí durante la noche del miércoles. El hecho, protagonizado por el artista Nelson Velásquez, desató una serie de medidas administrativas y disciplinarias por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La decisión del Ejecutivo se derivó de la información que salió a la luz en las últimas horas sobre la celebración musical dentro del penal de La Paz. Ante el escándalo, el Inpec anunció la apertura de una investigación formal para esclarecer cómo se produjo el ingreso del artista al establecimiento carcelario.

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Como parte de las primeras acciones, el Inpec ordenó la suspensión temporal de siete funcionarios que habrían facilitado la entrada de Velásquez y dispuso la remoción también temporal del director del penal. En un comunicado, la entidad recalcó que la actividad no fue aprobada ni autorizada por el Gobierno Nacional, el ministerio de Justicia, ni la Dirección General del Instituto.

Pasado el mediodía, el Gobierno Nacional comunicó que la realización de la parranda tendría otra consecuencia: la suspensión de las conversaciones en el marco del Espacio de Conversación Socio Jurídico (ECSJ), mecanismo creado para avanzar en la construcción de Paz Urbana y el desescalamiento de violencias en Medellín.

“El espacio de Conversación Socio Jurídico (ECSJ) tiene como propósito la construcción de Paz Urbana: el desescalamiento de violencias, la territorialización de la Paz y el tránsito de los integrantes de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto al Estado Social de Derecho. Dicho esto, ponemos de manifiesto: los hechos denunciados del día de ayer, 8 de abril de 2026, en la cárcel de Itagüí por el ingreso de un artista, y confirmados por el Inpec, no hacen parte de las garantías de funcionamiento del ECSJ”, señaló la delegación estatal en el comunicado.

Asimismo, el Gobierno expresó un rechazo “contundente y categórico” a lo ocurrido y confirmó la suspensión de la agenda de interlocución con los voceros de las estructuras criminales “hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos”. Finalmente, la delegación manifestó su respaldo a las medidas adoptadas por la alta dirección del Inpec.

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