Fiscalía imputará a Roberto Prieto por caso Odebrecht: estas son las pruebas sobre la campaña Santos 2014

La Fiscalía General de la Nación presenta este jueves ante un juez de control de garantías de Bogotá una nueva imputación de cargos contra el economista Roberto Prieto Uribe, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos para el periodo 2014-2018.

En esta nueva actuación judicial, el exdirectivo deberá responder por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y fraude procesal dentro de la investigación relacionada con el ingreso de recursos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht que, según el ente acusador, no fueron reportados ante las autoridades electorales.

El nuevo proceso constituye otro capítulo del denominado caso Odebrecht en Colombia, uno de los mayores escándalos de corrupción y financiación política registrados en el país durante las últimas décadas.

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La Fiscalía sostiene que cuenta con evidencia documental y testimonial suficiente para sustentar que Prieto tenía pleno conocimiento del origen de los recursos utilizados durante la campaña presidencial y de la obligación legal de reportarlos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con el documento de imputación preparado por el ente investigador, el núcleo de la investigación se concentra en un aporte equivalente a un millón de dólares que habría sido entregado por la Constructora Norberto Odebrecht para financiar estudios de investigación política relacionados con el seguimiento de la candidatura de Juan Manuel Santos durante la campaña presidencial de 2014.

Según la Fiscalía, estos recursos ingresaron en dos momentos específicos, correspondientes al 26 de marzo y al 28 de abril de ese año, bajo la modalidad de servicios especializados de investigación sobre la evolución de la candidatura presidencial y el análisis de la percepción electoral del entonces aspirante.

Aunque no se trató de una entrega directa de dinero en efectivo, el organismo investigador sostiene que dichos servicios representaban un aporte económico cuantificable que debía ser registrado dentro de la contabilidad oficial de la campaña.

La imputación que será presentada ante el juez señala que Roberto Prieto, en calidad de gerente de la campaña presidencial, tenía la responsabilidad de informar al Consejo Nacional Electoral todos los ingresos y gastos relacionados con la financiación electoral.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación, el aporte proveniente de Odebrecht nunca fue incorporado en los informes financieros oficiales entregados al organismo electoral.

Para la Fiscalía, la omisión habría permitido ocultar que la campaña superó los límites máximos de financiación autorizados por la legislación electoral colombiana.

Dichos topes habían sido fijados mediante la Resolución 289 de 2014 expedida por el Consejo Nacional Electoral, norma que establecía los montos máximos que podían invertirse durante la contienda presidencial.

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Los investigadores sostienen que la ausencia de ese reporte no constituyó un simple error administrativo, sino una actuación dirigida a impedir que las autoridades electorales detectaran la presunta superación de los límites legales de financiación.

Dentro del expediente también se hace referencia al destino que habrían tenido los recursos financiados por Odebrecht. La hipótesis de la Fiscalía indica que Prieto habría impartido instrucciones para utilizar ese aporte en la estrategia publicitaria desplegada durante la segunda vuelta presidencial de 2014, cuando Juan Manuel Santos enfrentó al entonces candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.

Precisamente, la investigación recuerda que Zuluaga también afronta actuaciones judiciales derivadas del denominado caso Odebrecht, relacionadas con presuntos aportes de la misma multinacional brasileña durante esa campaña electoral.

Uno de los aspectos centrales de la nueva imputación corresponde al presunto fraude procesal que habría permitido obtener recursos públicos mediante el mecanismo de reposición de votos.

La Fiscalía sostiene que, al presentar los informes financieros sin incluir el aporte de Odebrecht, la campaña habría inducido en error al Consejo Nacional Electoral durante el proceso de revisión de las cuentas oficiales.

Según el documento de acusación, los magistrados del Consejo Nacional Electoral aprobaron los informes financieros presentados por Roberto Prieto al considerar que cumplían con las normas vigentes.

Como consecuencia de esa aprobación, la autoridad electoral reconoció el derecho de la campaña a recibir recursos estatales por concepto de reposición de votos y ordenó los respectivos desembolsos a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El ente acusador afirma que dicha autorización se produjo porque las autoridades electorales desconocían la existencia de recursos no reportados que, de haber sido incluidos, habrían evidenciado un presunto incumplimiento de las reglas sobre financiación política.

La investigación precisa que la Registraduría Nacional efectuó posteriormente los pagos correspondientes a la reposición de votos para ambas vueltas presidenciales.
Según los cálculos de la Fiscalía, el primer desembolso ascendió a 6.576.386.975 pesos por la primera vuelta electoral, mientras que el segundo alcanzó 9.468.938.803 pesos correspondientes a la segunda vuelta presidencial.

En conjunto, las dos transferencias sumaron cerca de 16.045 millones de pesos, recursos públicos que, de acuerdo con la hipótesis del ente investigador, no habrían debido reconocerse debido a que la campaña habría excedido los topes máximos de financiación establecidos por la autoridad electoral.

El organismo investigador sostiene que dichos pagos fueron autorizados el 26 de diciembre de 2014, luego de que el Consejo Nacional Electoral aprobara las cuentas presentadas oficialmente por la campaña presidencial.

La nueva actuación judicial también incorpora como elemento de análisis la presunta responsabilidad personal de Roberto Prieto en la administración financiera de la campaña.

La Fiscalía considera que, por su condición de gerente, tenía la obligación de garantizar que todos los aportes, servicios y recursos utilizados durante el proceso electoral fueran incluidos dentro de los informes oficiales de ingresos y gastos entregados al Consejo Nacional Electoral.

En ese sentido, la investigación busca establecer si existió una conducta encaminada a ocultar información relevante para las autoridades electorales y si esa actuación permitió obtener beneficios económicos provenientes del Estado mediante el sistema de reposición de votos.

El proceso que comenzará con la formulación de imputación constituye una actuación independiente de la condena que Roberto Prieto ya cumplió por otro episodio relacionado con el escándalo Odebrecht.

En 2019, el exgerente de la campaña presidencial aceptó mediante un preacuerdo con la Fiscalía su responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado.

Como resultado de ese acuerdo judicial fue condenado a cinco años de prisión.
Esa condena estuvo relacionada con un caso distinto al de la financiación electoral.

En esa oportunidad, la investigación se concentró en las actuaciones adelantadas para obtener una adición contractual dentro del proyecto Ruta del Sol III, específicamente para la construcción del puente Plato, en el departamento del Magdalena.

Según establecieron las autoridades judiciales en ese proceso, existieron actuaciones orientadas a ejercer influencias sobre funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el propósito de favorecer modificaciones contractuales vinculadas con Odebrecht.

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