Fiscalía analiza sobres con $145 millones hallados a escolta de UNP con nombres vinculados a políticos de La Guajira.

La Fiscalía avanza en la revisión del material obtenido durante el procedimiento que terminó con la captura de Luis Alfredo Acuña, contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y parte del esquema asignado al secretario de la Cámara de Representantes, José Luis Lacouture.

El caso tomó una nueva dimensión tras conocerse que los sobres donde se encontraron 145 millones de pesos en efectivo contenían anotaciones con nombres y números celulares que, según el expediente, coinciden con dirigentes políticos y actores locales de varios municipios de La Guajira.

El proceso inició cuando la Policía detuvo el vehículo en el que se movilizaba Acuña en una vía del departamento y halló una maleta con dinero distribuido en sobres separados.

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Cada uno llevaba un nombre escrito y, debajo, un número telefónico. De acuerdo con el informe de los investigadores, las coincidencias entre esos datos y contactos reales de figuras públicas serán parte del sustento de la eventual imputación.

La información forma parte del paquete de pruebas trasladado a las partes durante las audiencias preliminares.

La defensa del escolta sostiene que el procedimiento policial presentó inconsistencias desde el primer momento.

Afirma que el vehículo ya había sido inspeccionado minutos antes en otro punto de control y que la detención posterior corresponde a una actuación irregular.

Según el abogado Iván Cancino, en la diligencia de legalización de captura la jueza declaró la actuación como ilegal y, pese a ello, la Fiscalía no presentó imputación.

Cancino indicó que el dinero transportado por su representado tiene origen verificable y que no existe evidencia que permita atribuirle un uso ilícito.

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Reiteró que en Colombia no constituye delito llevar sumas altas en efectivo y anunció acciones judiciales si la Fiscalía persiste en una acusación basada, según la defensa, en registros y elementos obtenidos sin el lleno de requisitos legales.

En el expediente aparecen los nombres consignados en los sobres. Entre ellos figura Rosa Pacheco, exdiputada conservadora y hermana de Alberto Pacheco, gerente de la campaña de la entonces candidata a la Alcaldía de Riohacha Marta Peralta.

El documento señala que su área de actividad política se concentra en el corregimiento de Aremasain, en el municipio de Manaure.

También aparece Débora Barros Fince, quien ocupó el segundo lugar en la lista a la Asamblea presentada por Juan Loreto Gómez en las pasadas elecciones.

Barros no obtuvo la curul. Su cuñado ocupa el cargo de secretario jurídico de la Alcaldía de Uribia. Además, es prima de Issac Barros, capturado con fines de extradición y fotografiado en eventos políticos con Peralta.

Otros nombres incluidos son los de Ghandy Romero, concejal de Riohacha por el movimiento ASÍ; Kevin Castillo, concejal del Partido de la U en la misma ciudad, con antecedentes de cuestionamientos públicos; Christian Bermúdez, también concejal de Riohacha; y Dixon, hermano del alcalde de Dibulla.

La Fiscalía señaló que estos nombres solo integran el material recopilado por la Policía Judicial y que su presencia en los sobres no implica, por ahora, señalamiento penal directo.

La entidad continúa en la fase de análisis para establecer el contexto en el que el dinero iba a ser entregado y la naturaleza de esos posibles destinatarios.

La defensa insiste en que la anotación de nombres y teléfonos no constituye prueba sobre intención específica o delito.

Advirtió que cualquier avance hacia imputación deberá resolver primero las reclamaciones por presuntas irregularidades del procedimiento, que la defensa pretende llevar hasta las instancias necesarias.

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