Fiscalía acusará a Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público

La Fiscalía General de la Nación fijó la fecha en la que llamará a audiencia de acusación a Juliana Guerrero y a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación Universitaria San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

La diligencia se programó para el próximo 5 de agosto.

El pasado 26 de marzo, la Fiscalía imputó cargos contra Juliana Guerrero dentro del proceso que se sigue en su contra por la presunta presentación de títulos académicos falsos, los cuales, habrían sido utilizados para cumplir con los requisitos exigidos y así acceder al cargo de viceministra de Juventudes.

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Durante la imputación, la Fiscalía sostuvo que Guerrero habría utilizado documentos con apariencia de autenticidad, incluyendo firmas y formatos institucionales, “con el propósito de inducir en error a los servidores públicos (...) y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de juventudes”.

con el propósito de inducir en error a los funcionarios encargados del proceso de nombramiento. El ente investigador señaló que los títulos académicos, al ser expedidos por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación, tienen la calidad de documentos públicos y generan efectos jurídicos.

De acuerdo con la investigación, Guerrero habría presentado certificaciones como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria sin haber cumplido los requisitos académicos correspondientes. La Fiscalía sostiene que Guerrero conocía la falsedad de estos documentos y, aun así, decidió utilizarlos para respaldar su postulación al cargo.

En su momento, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló facturas de la DIAN que evidenciarían que Guerrero habría pagado cerca de 8 millones de pesos por dos títulos expedidos por la Fundación Universitaria San José.

Las tres facturas (matrícula en gestión contable, matrícula en contaduría y derechos de grado) se emitieron después de que los títulos ya habían sido otorgados el 1 de julio de 2025, lo que sugiere una presunta operación de regularización académica ficticia.

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