Fiscalía acusa a Nicolás Petro de falsedad en su hoja de vida ante el Sigep

La Fiscalía General de la Nación sostuvo este 12 de noviembre que Nicolás Petro Burgos incluyó información no verificada en su hoja de vida registrada en el Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP).

El señalamiento se produjo durante una audiencia en la que el ente acusador expuso que el exdiputado del Atlántico reportó un vínculo laboral inexistente con la empresa Energía Delta Limitada, dato que habría coincidido con su llegada a la Asamblea Departamental en 2020.

Según lo expuesto por la fiscal del caso, Lucy Laborde, la compañía desmintió cualquier relación contractual con Petro Burgos.

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La funcionaria indicó que el registro en el SIGEP consigna un empleo desde el 1 de enero de 2020, fecha que la Fiscalía relaciona con el inicio de su actividad como diputado.

Para el organismo investigador, esta conducta constituiría un posible delito de falsedad en documento público, dado que la información suministrada no tendría respaldo real.

Durante la diligencia, la Fiscalía amplió el alcance de las imputaciones y agregó cargos por presunta falsedad en documento privado y falso testimonio, argumentando que entre 2020 y 2022 Petro Burgos habría entregado documentos con datos inconsistentes tanto ante SIGEP como en trámites asociados a sus declaraciones de renta.

El ente acusador señaló que el exdiputado habría usado certificaciones con cifras alteradas para justificar movimientos financieros reportados ante la Dirección de Impuestos.

En este punto, la fiscal detalló que Petro presentó documentos relacionados con pagos a un proyecto de vivienda que registraban abonos por $49.300.000 y $100.000.000.

No obstante, la verificación de los soportes mostró que los aportes reales habrían sido de $19.300.000 y $50.000.000.

Estos certificados, incluidos en sus declaraciones de renta, fueron presentados por la Fiscalía como parte del conjunto de documentos cuya autenticidad es objeto de cuestionamiento.

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La intervención de un delegado de la Procuraduría introdujo reservas frente a varias de estas imputaciones. El Ministerio Público expresó que, de acuerdo con los hechos descritos por la Fiscalía, no se cumplirían algunos de los requisitos legales para sostener los delitos de falsedad en documento privado y falso testimonio.

El representante señaló que las circunstancias expuestas no permitirían, al menos de manera preliminar, afirmar que se configuraran plenamente las conductas imputadas.

El juez a cargo del proceso también pidió precisiones sobre otro componente de la acusación: el supuesto tráfico de influencias.

La Fiscalía sostiene la hipótesis de que Petro Burgos habría intentado influir en decisiones de la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, con el fin de facilitar contratos para terceros, en especial para la fundación Fucoso.

Según la fiscal, el exdiputado habría recurrido a su posición política y a la interlocución con su entonces esposa, Daysurys Vásquez, para ese propósito. Sin embargo, la Fiscalía reconoció que aún no cuenta con un relato completo sobre la manera en que esas influencias se habrían ejercido.

Al no encontrar claridad suficiente, el juez advirtió que no permitiría formular la imputación por tráfico de influencias si no se describían los hechos de manera concreta.

Señaló que, sin un relato fáctico verificable, no podría preguntar al procesado si aceptaba o no los cargos, lo cual obligaría a revisar la validez de esa parte de la acusación.

Ante estas observaciones, la audiencia fue suspendida temporalmente para que la Fiscalía ajustara sus argumentos. Tras la reanudación, la fiscal reiteró que la investigación apunta a que Petro Burgos buscó favorecer contractualmente a la fundación Fucoso mediante gestiones personales y familiares.

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