Fiscalía acusa formalmente al ex director de Dapre por corrupción y lavado de activos ante la Corte Suprema

La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). El ente acusador sostiene que el exfuncionario incurrió en los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos, argumentando que sus acciones carecen de justificación legal y comprometieron gravemente el orden económico y social del país.

En el documento de acusación, la Fiscalía enfatiza que González, quien fue considerado la mano derecha del presidente, "defraudó las expectativas depositadas por la sociedad" al utilizar su posición de alto mando para obtener beneficios irregulares. Según la investigación, el exdirector del Dapre habría participado en un entramado de manejo indebido de recursos públicos que también involucra a figuras como Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle.

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Uno de los puntos más críticos de la acusación se refiere al procesamiento de dineros ilícitos. La Fiscalía asegura que González desplegó maniobras financieras para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos de forma irregular, lo que fundamenta el cargo de lavado de activos. Para el organismo judicial, las pruebas recaudadas permiten inferir una participación activa y consciente del acusado en una estrategia diseñada para ocultar el origen de fondos públicos desviados.

La diligencia de acusación formal ha sido programada para el próximo 29 de enero a las 8:00 de la mañana. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia será la encargada de escuchar los cargos y dar inicio a la etapa de juicio. En esta sesión, el alto tribunal validará las pruebas presentadas y definirá el cronograma para determinar la responsabilidad penal del exdirector del Dapre en los hechos que sacudieron la confianza institucional.

Sin embargo, el proceso judicial enfrenta el desafío de la ausencia física del acusado. Carlos Ramón González se encuentra actualmente en Nicaragua, nación donde solicitó asilo político argumentando falta de garantías. Su equipo de defensa ha manifestado que el exfuncionario no tiene intenciones de retornar a Colombia para comparecer ante la justicia, incluso si se llega a emitir un fallo condenatorio en su contra en las próximas etapas del proceso.

A pesar de la estancia de González en el extranjero, la normativa penal colombiana permite que las actuaciones sigan su curso. La solicitud de asilo no suspende el juicio, por lo que la Corte Suprema avanzará en la evaluación de los testimonios y evidencias recolectadas durante la fase de instrucción. La justicia colombiana busca establecer si los recursos del Estado fueron utilizados para aceitar maquinaria política bajo la dirección del entonces jefe del Dapre.

El caso de Carlos Ramón González representa uno de los procesos de corrupción administrativa más relevantes de los últimos años, dada la cercanía del implicado con el corazón del Poder Ejecutivo. La resolución de este juicio será clave para el esclarecimiento de las denuncias de irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y su presunta conexión con el trámite de reformas en el legislativo.

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