Exalcalde y exsecretaria imputados por presunta irregularidad en contrato

La Fiscalía General formuló cargos contra el exalcalde de Manaure, Davis Díaz Rivera y la exsecretaria de Salud, Angélica Manotas Moscote, por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.

Se trata de un caso en el que se realizaron presuntas irregularidades en un contrato de $8.000 millones que buscaba evitar la mortalidad infantil en comunidades indígenas asentadas en zonas desérticas; sin embargo, el dinero no habría sido destinado para tal fin.

Frente a la necesidad, la administración municipal suscribió un contrato con la IPS Sol Wayúu con el objetivo de brindar atención a 2.000 familias de dicha etnia; sin embargo, la mayoría de la población nativa no fue beneficiada.

De esta forma, además de los delitos formulados, a Manotas Moscote le fue imputado el delito de falsedad ideológica en documento público, pero ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad.

Cabe resaltar que según la investigación adelantada, el contrato, que tenía un valor de $8.000 millones, pretendía ayudar a niños, madres gestantes y mujeres de comunidades indígenas, con la entrega de kits alimenticios, agua potable, atención en salud y medicamentos, así como un componente informativo en un término de 5 meses.

Sobre el contrato, que se había constituido tras la declaración de calamidad pública en el municipio por el fenómeno del niño a mediados de 2015, se encontró que se habrían violado los principios de transparencia, selección objetiva y planeación.

Entre las irregularidades más significativas esta la definición de un contratista con antelación; que la IPS Sol Wayúu no contaba con la capacidad para ejecutar el contrato por lo que utilizó los servicios de terceras empresas por el 65% de las actividades desarrolladas (compra de mercados, agua, logística, transporte y elaboración de folletos).

Además, la IPS no tenía la autorización de la Secretaría de Salud (la misma entidad contratante) para ejecutar actividades en zonas rurales de carácter médico en relación con pediatría, ginecología, nutrición y servicios farmacéuticos

Para asegurar su actividad ilícita, los hoy imputados al parecer contrataron una nómina exagerada de funcionarios y médicos. En algunos casos, se habrían facturado sueldos de especialistas por $58 millones mensuales, pero estos profesionales nunca visitaron las rancherías.

También se evidenció que presuntamente se dejaron de comprar 209.000 litros de agua potable y 6.000 latas de suplemento alimenticio; no se hizo entrega de medicamentos; el sobrecosto de insumos habría alcanzado el 600%; y que se facturó la contratación de traductores de lengua wayuunaiki, pero esta labor al parecer la ejecutaron conductores o enfermeras.

En total, con dichas irregularidades, los investigados habrían causado un detrimento patrimonial por una cuantía de $2.839 millones. Se presume que, entre julio y diciembre de 2015, tiempo de ejecución del contrato, Díaz Rivera recibió al menos $1.980 millones y la señora Manotas Monsalve aparentemente accedió a dádivas por $230 millones.

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