Eva Ferrer, exmejor amiga de Verónica Alcocer, declaró ante Procuraduría

Eva Ferrer, exconsejera presidencial de origen español y antigua persona cercana a Verónica Alcocer, declaró de manera virtual ante la Procuraduría General de la Nación por los señalamientos que ha formulado contra la exprimera dama. Sin embargo, continúa pendiente su comparecencia ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que la ha citado en cuatro oportunidades para escuchar su versión sobre las presuntas irregularidades denunciadas y conocer los elementos probatorios que pueda aportar.

La diligencia ante la Procuraduría se realizó desde España, país en el que permanece Ferrer, después de atender una convocatoria del Ministerio Público. Su comparecencia contrasta con las tres citaciones de la Fiscalía a las que no ha asistido, programadas para el 27 de agosto, el 29 de septiembre y el 14 de octubre de 2026.

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La cuarta citación está prevista para el miércoles 21 de octubre y, de acuerdo con su abogado defensor, Jhony Batalla Mena, se desarrollará de manera virtual. La defensa sostiene que las inasistencias anteriores obedecen a circunstancias relacionadas con la seguridad personal de Ferrer y no a una negativa a colaborar con las autoridades judiciales colombianas.

Según Batalla, su representada ha recibido amenazas contra su vida como consecuencia de las declaraciones públicas que ha realizado. El abogado aseguró que esta situación ha motivado solicitudes de protección para que pueda entregar su testimonio ante la Fiscalía sin exponerse a los riesgos que denuncia.

Las amenazas mencionadas por la defensa constituyen señalamientos que requieren verificación por parte de las autoridades competentes. Hasta el momento, la información suministrada no permite establecer si existe una evaluación oficial del nivel de riesgo de Ferrer ni si se han adoptado medidas específicas de protección.

El 14 de octubre, fecha en la que estaba programada la tercera diligencia, Batalla acudió ante la fiscal encargada del expediente para abordar las condiciones de seguridad de su representada. Según explicó, el propósito de ese acercamiento fue coordinar garantías que permitan realizar la declaración y facilitar la entrega de información relacionada con los hechos denunciados.

El abogado cuestionó que se hayan programado citaciones sin que, a su juicio, se hayan definido previamente mecanismos de protección para Ferrer.

“Entonces, a Eva no la pueden simplemente citar a la Fiscalía sin decirle: mire, vamos a manejarle un esquema de seguridad, usted va a tener protección, venga, por favor, declare, pero eso no ha sucedido”, manifestó Batalla.

La defensa considera que las garantías de seguridad deben formar parte de las condiciones de la diligencia, especialmente por las amenazas que asegura haber conocido. No obstante, no se ha establecido públicamente cuáles son las medidas concretas solicitadas, si existe una petición formal de protección o qué respuesta ha entregado la Fiscalía.

La investigación mencionada por Batalla se encuentra relacionada con actuaciones de la Fiscalía 76 delegada para asuntos de corrupción. Según el abogado, el expediente tiene su origen en una denuncia presentada por un representante a la Cámara del Centro Democrático, a partir de unas grabaciones que fueron divulgadas públicamente y que dieron lugar a cuestionamientos sobre presuntas irregularidades.

Batalla indicó que los hechos podrían tener relevancia jurídica en caso de que llegaran a corroborarse. Esta afirmación corresponde a una valoración de la defensa y no constituye una conclusión judicial sobre la existencia de delitos o la responsabilidad de las personas mencionadas.

Por ahora, la Fiscalía busca recibir formalmente la versión de Ferrer y determinar qué información puede aportar al expediente.

La comparecencia prevista para el 21 de octubre permitiría escuchar sus declaraciones en el marco de la actuación correspondiente, aunque su realización todavía depende de que se concrete la diligencia.

El abogado también manifestó que autoridades de Estados Unidos solicitarían copias del testimonio y de las pruebas que Ferrer entregue ante las instituciones colombianas. Sin embargo, no se ha presentado confirmación oficial de una solicitud estadounidense, de la existencia de un procedimiento de cooperación judicial ni de una investigación abierta en ese país relacionada con estos hechos.

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