Exdirector de la Policía Jorge Luis Vargas anuncia acciones legales contra Petro por presuntos seguimientos ilegales

El general retirado Jorge Luis Vargas Valencia, exdirector de la Policía Nacional, anunció que inició acciones legales por presuntos seguimientos, perfilamientos y obtención irregular de información financiera en su contra durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El exoficial aseguró que las actividades habrían involucrado recursos y funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Vargas, quien estuvo al frente de la Policía Nacional entre 2020 y 2022, manifestó que las denuncias conocidas públicamente sobre posibles operaciones de inteligencia contra antiguos integrantes de la Fuerza Pública y dirigentes políticos motivaron la decisión de acudir a las autoridades judiciales.

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“Con mucha preocupación he observado cómo varios medios de comunicación se han referido a los actos ilícitos perpetrados en mi contra por Gustavo Petro mientras fungió como presidente de la República. Dichos actos habrían consistido en seguimientos, perfilamientos, obtención de información financiera sobre mí, entre otros”, señaló el general retirado en un comunicado.

El exdirector de la Policía sostuvo que las actuaciones denunciadas se habrían ejecutado mediante el uso irregular de capacidades institucionales de organismos estatales encargados de recopilar, procesar y analizar información relacionada con asuntos de seguridad e inteligencia financiera.

En su declaración mencionó expresamente a la DNI y a la Uiaf, aunque no presentó públicamente, en los apartes conocidos de su comunicado, documentos operativos, órdenes de seguimiento o registros de consultas financieras que permitan establecer de manera independiente la participación de funcionarios de esas entidades.

Vargas también hizo referencia a una entrevista concedida por Gustavo Petro al periodista Daniel Coronell, en la que, según su interpretación, el entonces mandatario expresó una animadversión personal hacia él.

El general retirado recordó que Petro manifestó que lo “tenía entre ojos”, expresión que consideró relacionada con los presuntos seguimientos denunciados. Sin embargo, esa declaración, por sí sola, no acredita que se hubieran impartido órdenes de vigilancia ni que se hubieran ejecutado operaciones ilegales contra el exdirector de la Policía.

El antiguo oficial señaló que su equipo jurídico trabaja en la identificación de las personas que eventualmente participaron en las actividades denunciadas, así como en la determinación de posibles responsabilidades penales derivadas del uso de recursos públicos.

“Por lo anterior, he iniciado, junto con mi equipo de asesores jurídicos, las acciones legales tendientes a obtener la judicialización de quienes cometieron dichos actos, que podrían configurar los delitos de abuso de autoridad, peculado por aplicación oficial diferente, concierto para delinquir y otros más”, manifestó Vargas.

La declaración menciona varias conductas previstas en la legislación penal colombiana. El abuso de autoridad comprende diferentes modalidades de actuaciones contrarias a la ley cometidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Por su parte, el peculado por aplicación oficial diferente está relacionado con la destinación de bienes o recursos públicos a finalidades oficiales distintas de aquellas para las cuales fueron asignados.

El concierto para delinquir, contemplado en el Código Penal, sanciona los acuerdos entre varias personas para cometer delitos, de acuerdo con los elementos establecidos en la legislación y la interpretación de las autoridades judiciales.

La eventual configuración de estas conductas dependerá de los hechos que puedan acreditarse, la identificación de los posibles responsables y las decisiones que adopten las autoridades competentes. El anuncio de Vargas no equivale a una determinación judicial sobre la existencia de los delitos mencionados.

El pronunciamiento del exdirector de la Policía recibió el respaldo del mayor general retirado Álvaro Pérez Durán, quien se desempeñó como segundo comandante del Ejército Nacional y expresó su solidaridad frente a los presuntos hechos denunciados.

“Mi general Vargas, todo mi respaldo. Para cierta izquierda, es ‘persecución’ cuando los investigan, pero ‘inteligencia’ cuando perfilan al contradictor. Si se usaron organismos del Estado para vigilarnos como adversarios, que responda quien corresponda.

La inteligencia estatal no es el comité de chismes del partido de gobierno”, escribió Pérez Durán en su cuenta de X.

El mensaje del exintegrante del Ejército constituye una manifestación de respaldo a Vargas y un cuestionamiento político al eventual uso de organismos de inteligencia contra contradictores. No establece, por sí mismo, la existencia de operaciones de vigilancia ilegal.

Las denuncias del general retirado se producen en medio de nuevos señalamientos sobre el funcionamiento de organismos de inteligencia durante la administración de Gustavo Petro, particularmente respecto del acceso a información reservada de dirigentes políticos, exfuncionarios y periodistas.

La investigación periodística publicada por la revista Semana el 3 de octubre de 2026 señaló que los auditores habrían recopilado 147 terabytes de información, además de 40 equipos de cómputo y cinco teléfonos celulares y tabletas, para examinar posibles irregularidades en el funcionamiento de la DNI durante el gobierno anterior.

Según esa publicación, entre los asuntos identificados figuran presuntas fallas en la protección de información reservada, accesos no autorizados a determinados sistemas y posibles irregularidades relacionadas con operaciones de inteligencia y contrainteligencia. La auditoría también habría examinado procedimientos de seguridad informática y la administración de recursos destinados a actividades reservadas.

Las denuncias sobre presuntas actividades de vigilancia no se limitan al general Jorge Luis Vargas. En las publicaciones sobre el caso también aparecen los nombres de los generales retirados Eduardo Zapateiro y Luis Fernando Navarro, así como los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez.

Entre las personas mencionadas figuran igualmente el exfiscal general Francisco Barbosa Delgado, la exvicefiscal Martha Janeth Mancera, la exprocuradora Margarita Cabello Blanco, el excontralor Carlos Felipe Córdoba y la periodista Vicky Dávila.

Los nombres aparecen en versiones sobre supuestas operaciones de recopilación de información, seguimientos y consultas de bases de datos. Sin embargo, su inclusión en esas publicaciones no demuestra que todas esas personas hubieran sido interceptadas ni que existiera una misma operación dirigida contra ellas.

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