Estos son los once funcionarios del Inpec suspendidos por permitir parranda de delincuentes en cárcel de Itagüi

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) suspendió provisionalmente a once funcionarios de la cárcel La Paz de Itagüí tras el escándalo generado por una parranda vallenata protagonizada por el cantante Nelson Velásquez al interior del penal, en la que participaron cabecillas criminales designados por el Gobierno como “gestores de paz”.

La medida fue adoptada mediante la Resolución 2627 del 10 de abril de 2026, en medio de una investigación disciplinaria que busca establecer responsabilidades por las graves irregularidades detectadas en el control de ingreso y vigilancia del establecimiento penitenciario.

Los funcionarios apartados de sus cargos son:

Nelson Eusebio Vargas Rubio (dragoneante)
Juan Francisco Alexander Aguilar Conde (dragoneante)
José Luis Góez David Juan Camilo (dragoneante)
Óspina Morales Juan Diego (dragoneante)
Montes Falencia Salvador Clemente (dragoneante)
Díaz Freddy Antonio (dragoneante)
Sarimiento Heyler Antonio (dragoneante)
Ciprián Díaz Freddy Antonio (dragoneante)
Norales Juan Diego (dragoneante)
Becerra Puello José Luis (dragoneante)
Juan Daniel Oviedo Castro (teniente)

Todos fueron suspendidos por un término inicial de tres meses mientras avanzan las indagaciones disciplinarias.

La parranda vallenata con el cantante Nelson Velásquez se realizó el miércoles 8 de abril de 2026 al interior de un pabellón de alta seguridad de la cárcel La Paz de Itagüí, donde permanecen recluidos cabecillas de estructuras criminales vinculadas a procesos de paz urbana.

El evento no contaba con autorización del Inpec ni del Ministerio de Justicia y se llevó a cabo mientras el director del penal no se encontraba en funciones, lo que facilitó fallas en los controles internos.

De acuerdo con denuncias conocidas por autoridades y medios, la celebración fue organizada por los propios internos, varios de ellos incluidos dentro del grupo de 23 jefes criminales reconocidos por el Gobierno como gestores de paz, quienes habrían coordinado la logística desde el interior del establecimiento.

La actividad se desarrolló en uno de los pabellones donde permanecen estos líderes de estructuras ilegales, lo que elevó la gravedad del caso por tratarse de reclusos de alto perfil.

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La parranda fue financiada mediante una recolección de dinero entre los cabecillas, que según las denuncias alcanzó cerca de 500 millones de pesos, suma que incluyó el pago al artista —estimado en alrededor de 100 millones—, así como gastos de sonido, alimentación, bebidas y logística.

Las investigaciones también apuntan a que el ingreso del cantante, músicos, equipos y suministros se realizó sin los protocolos exigidos para un centro penitenciario de máxima seguridad. En ese contexto, se indaga la posible participación de funcionarios y terceros que habrían permitido el acceso irregular, en medio de versiones que señalan pérdida de control en los filtros de seguridad del penal.

De manera paralela, fuentes citadas en las denuncias advierten que durante la jornada se habrían presentado graves anomalías en el control de accesos, incluyendo la presencia de particulares que intervinieron en el manejo del ingreso al establecimiento, lo que es objeto de verificación por parte de los organismos de control dentro del proceso disciplinario en curso. Estas circunstancias reforzaron la hipótesis de una vulneración estructural de la seguridad penitenciaria.

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