Estos son los dueños de las camionetas de lujo que ingresaron a la cárcel de Itagüí

Una investigación en curso por parte de las autoridades judiciales y disciplinarias reveló graves irregularidades en los controles de ingreso a la cárcel de máxima y mediana seguridad La Paz, en Itagüí (Antioquia), tras la realización de una parranda vallenata ilegal al interior del penal el pasado miércoles 8 de abril.

De acuerdo con material probatorio en poder de los investigadores, durante varias horas el acceso principal del establecimiento habría estado bajo control de civiles vestidos de negro, quienes autorizaron el ingreso de decenas de personas sin registro formal, así como de múltiples camionetas de alta gama.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad y difundidas públicamente por la concejal de Medellín y exfiscal Claudia Carrasquilla, muestran el ingreso sin restricciones de particulares y del cantante vallenato Nelson Velásquez, quien, según versiones preliminares, habría recibido cerca de 100 millones de pesos por su presentación en el evento.

Vehículo oficial del Inpec, bajo investigación

Uno de los hallazgos más sensibles del caso es la identificación de una camioneta Ford Ecosport, de placas EPW410, registrada como vehículo oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Verificaciones iniciales indican que el automotor es utilizado por personal activo de la entidad. Registros de tránsito dan cuenta de que un dragoneante vinculado desde 2013 fue sancionado en octubre de 2024 mientras conducía ese vehículo, tras incurrir en una infracción por evadir un semáforo en rojo en el municipio de Itagüí.

Lea también: (Keiko Fujimori lidera boca de urna de Ipsos con 16,6% en elecciones generales de Perú)

Este elemento ha llevado a los investigadores a considerar la posible participación o, al menos, conocimiento previo de funcionarios del Inpec en la logística del evento irregular.

La hipótesis central apunta a que la presencia institucional no solo permitió el ingreso de civiles, sino que facilitó la toma del control operativo del penal por actores externos.

Camionetas de lujo y posibles irregularidades en registros

En paralelo, las autoridades adelantan la trazabilidad de otras camionetas que aparecen en los registros audiovisuales. Entre ellas, una Toyota Land Cruiser 300 blanca, de placas LLY822, importada en 2022, y una camioneta Mercedes-Benz con placas KPO745.

Los videos evidencian que los ocupantes de estos vehículos eran verificados por los civiles antes de ingresar, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de control paralelo al interior del establecimiento.

En el caso de la Toyota Land Cruiser, se investiga la posibilidad de un “gemeleo” de placas. El propietario registrado sería Jacobo Saldarriaga Suárez, comerciante de vehículos de alta gama en Medellín, a quien las autoridades buscan ubicar para esclarecer su eventual vínculo con los hechos.

Contexto criminal y reuniones ilegales dentro del penal

Informes conocidos por los investigadores advierten que en la cárcel de Itagüí se estarían realizando reuniones nocturnas para coordinar actividades delictivas, entre ellas narcotráfico, extorsión y homicidios.

Adicionalmente, la Fiscalía tendría indicios de que algunos reclusos estarían saliendo del penal para ejercer control territorial en distintas comunas del área metropolitana, en un contexto que coincide con dinámicas políticas y electorales.

La parranda ilegal, según versiones recogidas por medios regionales, habría sido organizada con motivo del cumpleaños de Paulo Andrés Torres, alias Pocho, señalado cabecilla de la estructura criminal ‘La Agonía’, así como por la eventual salida en libertad de otro interno conocido con el alias de Lindolfo.

Impacto en procesos de diálogo con estructuras criminales

El escándalo también generó repercusiones en los acercamientos entre el Gobierno nacional y estructuras criminales que participan en mesas de diálogo.

Algunos de los implicados en el evento habrían tenido presencia en el denominado ‘tarimazo’ con el presidente Gustavo Petro en junio de 2025.

Tras la divulgación de los hechos, las conversaciones se habrían visto afectadas.

Mientras algunos internos han manifestado su intención de aportar información para reactivar los diálogos, otros difundieron un comunicado en el que rechazan lo ocurrido y solicitan respeto por sus familias, que —según afirman— se encontraban en visita autorizada el día de los hechos.

Otras noticias