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En firme investigación contra Roy Barreras y otros congresistas por presunto uso indebido de influencias
La Corte Suprema de Justicia revisa si hubo presión o instrumentalización de la función pública en recomendaciones para cargos. Además, compulsó copias a la Fiscalía para investigar a Dilian Francisca Toro y Gilberto Rondón.
La Corte Suprema de Justicia decidió continuar la investigación contra el exsenador Roy Barreras, el senador Jairo Castellanos y la representante Gloria Arizabaleta para establecer si incurrieron en un presunto uso indebido de influencias derivadas del ejercicio de sus cargos en el Congreso de la República.
Según se conoció, el alto tribunal determinó que existen elementos que ameritan profundizar en las indagaciones, con el fin de establecer si, más allá de la recomendación de nombres para determinados cargos, pudo presentarse presión o instrumentalización de la función pública.
El caso de Roy Barreras
En el caso concreto de Roy Barreras, la Corte examinó declaraciones, registros de comunicaciones y listados internos elaborados durante la dirección de Reyes en la Dian, en los que se documentaban recomendaciones de aspirantes a cargos dentro de la entidad.
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Con base en ese material probatorio, el tribunal busca determinar si las actuaciones se limitaron a sugerencias políticas habituales o si, por el contrario, hubo algún tipo de injerencia indebida que comprometiera la autonomía administrativa.
Compulsa de copias a la Fiscalía
En la misma decisión, la Corte Suprema resolvió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y a Gilberto Rondón.
El alto tribunal explicó que, en estos dos casos, no tiene competencia para pronunciarse de fondo, por lo que remitió las actuaciones al ente acusador para que adelante las investigaciones correspondientes.
La decisión mantiene abiertas varias líneas de indagación sobre posibles irregularidades en la gestión de recomendaciones y eventuales presiones relacionadas con cargos públicos, en un proceso que continuará bajo la supervisión de la Corte Suprema en lo que respecta a los congresistas involucrados.
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