Detalles de la captura de Hernando Deluque exgobernador de La Guajira y padre del senador Alfredo Deluque

El exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque Freyle, fue capturado para cumplir una condena de siete años de prisión, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la sentencia en su contra por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, relacionado con un proceso de contratación adelantado durante su administración departamental.

La detención se produjo después de que el exmandatario, de acuerdo con personas cercanas al caso, se presentara voluntariamente ante funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Riohacha, en cumplimiento de la orden emitida por la Corte tras agotarse todos los recursos judiciales disponibles.

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Hernando Deluque es padre del senador Alfredo Deluque Zuleta, integrante del Partido de la U, quien recientemente estuvo cerca de alcanzar la Presidencia del Senado de la República durante la elección de la nueva mesa directiva del Congreso.

La condena corresponde a hechos ocurridos durante el periodo en el que Deluque ejerció como gobernador de La Guajira, entre los años 2001 y 2003.

La investigación judicial estableció que en 2001 autorizó la celebración de un contrato por aproximadamente 2.100 millones de pesos entre la Gobernación de La Guajira y la Unión Temporal CV-IGG Ltda., cuyo objeto consistía en ejecutar obras para el mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado de Riohacha.

Según el expediente, una vez firmado el contrato fue desembolsado un anticipo superior a los 1.059 millones de pesos. Sin embargo, la ejecución del proyecto se detuvo poco tiempo después y las obras nunca fueron terminadas.

Durante el proceso judicial se acreditó que, al momento de iniciar la ejecución contractual, el proyecto carecía de varios requisitos exigidos por la legislación colombiana.

Entre ellos figuraban la licencia ambiental indispensable para desarrollar la obra, la entrega oficial de los predios donde se realizarían los trabajos por parte de la Alcaldía de Riohacha y la consulta previa con las comunidades indígenas potencialmente afectadas por la intervención.

La ausencia de estos requisitos provocó la suspensión inmediata del contrato y, posteriormente, la imposibilidad de ejecutar las obras previstas, situación que derivó en la pérdida de los recursos públicos entregados como anticipo, según concluyeron las autoridades judiciales.

En la providencia que dejó en firme la condena, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que el entonces gobernador actuó pese a conocer que el contrato no reunía las condiciones legales necesarias para su ejecución.

El alto tribunal indicó en su decisión:
"Con pleno conocimiento de las probables consecuencias, se arriesgó la celebración del contrato, el giro del anticipo y la suscripción del acta de inicio sin licencia ambiental y sin consulta previa con las formalidades señaladas en la ley, lo que derivó en la inmediata suspensión de la ejecución del contrato y la posterior pérdida de los dineros públicos invertidos".

Para los magistrados, las actuaciones desarrolladas durante la contratación configuraron el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, al haberse omitido exigencias esenciales previstas en el ordenamiento jurídico para garantizar la legalidad de la contratación estatal y la adecuada inversión de los recursos públicos.

La sentencia quedó ejecutoriada después de que la defensa del exgobernador interpusiera distintos mecanismos de impugnación. Entre ellos figuró un recurso extraordinario de casación que finalmente fue declarado improcedente, agotando así las posibilidades ordinarias de modificar la decisión judicial.

Con la ejecutoria del fallo, la Corte ordenó hacer efectiva la pena privativa de la libertad, lo que dio lugar a la captura del exmandatario guajiro para iniciar el cumplimiento de la condena impuesta.

El caso se convirtió en uno de los procesos por contratación pública más antiguos que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia y concluyeron con una condena definitiva contra un exgobernador del departamento de La Guajira.

La decisión también reafirma el criterio de la justicia frente a la obligación de que las entidades estatales verifiquen el cumplimiento de todos los requisitos legales antes de comprometer recursos públicos, especialmente en proyectos de infraestructura financiados con dinero del Estado.

La captura de Hernando Deluque ocurre en un momento de alta exposición política para su familia, debido a la reciente participación de su hijo, el senador Alfredo Deluque, en la elección de la Presidencia del Senado.

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