Defensoría del Pueblo reportó 1.173 casos de reclutamiento entre 2024 y julio de 2026

La Defensoría del Pueblo encendió nuevamente las alarmas sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia, luego de que un bombardeo de las Fuerzas Militares contra disidencias de las antiguas Farc en el municipio de El Retorno, Guaviare, dejara como saldo la muerte de tres menores de edad. Según cifras propias de la entidad, entre 2024 y el 31 de julio de 2026 se conocieron 1.173 casos de reclutamiento en el país, una cifra que, advierte la Defensoría, no refleja la magnitud real del fenómeno debido a un importante subregistro.

De acuerdo con la entidad, buena parte de los casos de reclutamiento solo salen a la luz cuando los menores mueren en combates entre grupos armados ilegales o en operativos de la Fuerza Pública, como ocurrió en el más reciente ataque aéreo en Guaviare.

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El bombardeo, ejecutado el pasado 27 de agosto contra estructuras vinculadas a las disidencias que comanda alias 'Iván Mordisco', fue confirmado posteriormente por Medicina Legal como el hecho en el que murieron los tres menores, lo que reactivó el debate público sobre los riesgos de este tipo de operaciones militares en zonas donde se sabe que operan menores reclutados.

El Gobierno nacional, sin embargo, defendió la legalidad y la necesidad de la operación. El presidente Abelardo De La Espriella respaldó públicamente el ataque contra los campamentos de las disidencias y responsabilizó directamente a los grupos armados por el reclutamiento de menores para convertirlos en combatientes o escudos humanos. 

La postura del Ejecutivo fue cuestionada por sectores de oposición, entre ellos la congresista Verónica Estrada, del Pacto Histórico, quien exigió al Gobierno explicaciones sobre la inteligencia militar previa al bombardeo y sobre las medidas adoptadas para proteger la vida de los menores que pudieran estar presentes.

En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo fue enfática en recordar que el reclutamiento de menores está absolutamente prohibido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que la responsabilidad por esta práctica recae de manera directa sobre los grupos armados ilegales que continúan incurriendo en ella. No obstante, la entidad insistió en que los niños, niñas y adolescentes reclutados no dejan de ser víctimas por el hecho de portar armas, y que el Estado tiene la obligación de extremar precauciones y evaluar alternativas que permitan proteger sus vidas antes de ejecutar este tipo de operaciones.

Frente a este panorama, la Defensoría reiteró la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y de reactivar la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados Organizados (CIPRUNNA), instancia que reúne a distintas entidades del Estado para articular la respuesta frente a este fenómeno. La entidad manifestó su disposición a trabajar de la mano del Gobierno nacional, las autoridades territoriales y las instituciones de justicia para evitar nuevos casos de reclutamiento y reducir el riesgo de que más menores mueran en combates o en operativos militares.

El caso de El Retorno se suma a una tendencia que ha preocupado desde hace meses a organismos de derechos humanos. La organización Human Rights Watch había pedido previamente al Gobierno colombiano adoptar medidas urgentes frente al aumento del reclutamiento infantil, fenómeno que calcula ha afectado a cerca de 1.500 menores desde 2021, mientras la propia Defensoría ha documentado un incremento de esta práctica en regiones como el Catatumbo, atribuido tanto al Eln como a las disidencias del Frente 33.

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