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Corte Suprema fija límites al porte de armas artesanales y resuelve vacío legal sobre su uso
El alto tribunal determinó que toda arma con capacidad para disparar, sin importar si es industrial o artesanal, representa un peligro abstracto para la sociedad y requiere autorización oficial.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia estableció límites precisos al porte y uso de armas artesanales, resolviendo un vacío legal que durante años generó confusión sobre su tratamiento penal. El alto tribunal concluyó que cualquier arma apta para disparar, independientemente de su origen o método de fabricación, representa un riesgo para la seguridad pública y debe ser considerada como arma de fuego a efectos legales.
El fallo se originó a partir del caso de Gerlén Sánchez Morales, quien en 2015 fue acusado de disparar contra un militar durante una fiesta en Planadas, Tolima, con una escopeta de fabricación artesanal. Aunque inicialmente fue absuelto por el Juzgado Penal de Chaparral, el Tribunal Superior de Ibagué revocó esa decisión y lo condenó a nueve años de prisión por porte ilegal de armas.
Según la Sala Penal de la Corte, bajo la ponencia del magistrado Carlos Roberto Solórzano, “no es válido afirmar que la conducta de Sánchez Morales no puso en riesgo la seguridad pública porque el arma no tenía más cartuchos”, enfatizando que la peligrosidad radica en la capacidad del arma para disparar, no en su número de proyectiles o en su procedencia artesanal.
El perito encargado del caso confirmó que el artefacto —una escopeta sin marca ni número de serie, calibre 12— tenía todos los elementos esenciales para realizar disparos. Por ello, el alto tribunal determinó que portar cualquier arma funcional constituye un peligro abstracto, incluso si se trata de una de fabricación casera.
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“Las armas pierden su carácter cuando sean total y permanentemente inservibles y no sean portadas”, aclaró la Corte, estableciendo un criterio clave para futuras decisiones judiciales.
El pronunciamiento llega en medio de un intenso debate político sobre el porte de armas en Colombia. Desde sectores del Centro Democrático, congresistas como María Fernanda Cabal y José Jaime Uscátegui han defendido la posibilidad de un porte legal regulado, argumentando que fortalecería la seguridad ciudadana.
Mientras tanto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro impulsa un proyecto para crear una unidad especializada en combatir el tráfico de armas y municiones, con el fin de reforzar los controles y reducir la violencia armada en el país.
Con este fallo, la Corte Suprema sienta un precedente que delimita claramente la responsabilidad penal en casos de porte de armas artesanales y reitera que cualquier objeto con capacidad de disparar constituye una amenaza para la vida y la integridad ciudadana.
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