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Consejo de Estado responde al presidente Petro por críticas a fallos judiciales

"Las decisiones proferidas por esta Corporación, no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso", le dice el Alto Tribunal al presidente.

Consejo de Estado
Por Agencia Periodismo Investigativo | Lun, 29/05/2023 - 14:47 Créditos: IFM

A raíz del siguiente trino hecho por el presidente Gustavo Petro en la mañana de este lunes "¿A propósito se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando".

El directamente afectado, el Consejo de Estado, le respondió al Jefe de Estado a través de un comunicado que no considera "que las expresiones del primer mandatario guarden relación con sus decisiones, pues la Corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala".

"También, se permite recordar, que las decisiones proferidas por esta Corporación, no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso", comentó el Alto Tribunal.

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Y agregó "Ajeno a controversias políticas e ideológicas, el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público".

Y le recalcó al presidente Petro que las decisiones administrativas, como corresponde a las sentencias judiciales en un estado de derecho, se encuentran sujetas a los recursos de ley.

La nueva crítica del mandatario al poder legislativo tiene que ver con la reciente decisión del Consejo de Estado de anular la elección del senador Roy Barreras por doble militancia. Además, de la elección del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, por irregularidades en el proceso de su selección.

Finalmente, el Consejo de Estado hizo un llamado a la ciudadanía y actores políticos a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial.

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