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Tensiones en Santa Elena por impedir el derrumbe de viviendas con problemas de documentos

Los ciudadanos han usado pancartas y banderas para oponerse a la acción de las autoridades. Las propiedades habrían sido construidas de manera ilegal.

SANTA ELENA 1
Por Laura Cortés Lamilla | Lun, 29/05/2023 - 13:34 Créditos: Captura de video

El corregimiento de Santa Elena, ubicado en Medellín, se encuentra sumido en una gran tensión debido a los operativos de demolición de viviendas construidas de forma ilegal en la zona. Los habitantes han decidido tomar acción y se han concentrado en la vereda Barro Blanco, en el sector de El Rosario, para evitar la entrada de la maquinaria amarilla que tiene como objetivo demoler las viviendas señaladas.

Según la Secretaría de Seguridad de Medellín, para este 29 de mayo estaba programado del derribo de una nueva vivienda, cuyo propietario aparece identificado como Inti Zegarrainti, un habitante que llegó al corregimiento en 1973 y que hace pocos años había construido una casa que quedó en la mira de las autoridades por tener problemas con sus permisos.

Desde muy temprano de este lunes 29 de mayo, los ciudadanos que se oponen a la demolición se congregaron en los alrededores de la casa de Zegarrainti con pancartas y banderas, para impedir que se ejecute la acción.

Cabe mencionar que hay por lo menos 476 casas ubicadas en ese corregimiento que están en la mira por presentar presuntas anomalías en sus documentos.

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“Pese a que está prohibido construir condominios o parcelar, algunas personas están ‘retaziando’ el territorio y están vendiendo lotes de 500 a 1.000 metros cuadrados. Cada metro cuadrado se vende entre $120.000 y $200.000, lo que quiere decir que un lote de 1.000 metros puede costar entre $120 millones a $200 millones”, expresó Parménides Erazo, uno de los ediles del corregimiento para El Colombiano. 

Hasta el momento, las autoridades han demolido un total de nueve viviendas en Santa Elena como parte de estos operativos. Algunas de las personas que se oponen a las acciones de las autoridades han expresado que si derriban las casas se quedan sin hogar. Sin embargo, este tipo de operativos están validados bajo la ley 1801 de 2016.

 

 

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