Consejo de Estado ratifica la nulidad del decreto que nombró a Verónica Alcocer como embajadora ante el Vaticano

El Consejo de Estado dejó en firme la nulidad del decreto mediante el cual el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro designó a la entonces primera dama, Verónica Alcocer, como embajadora en misión especial ante la Santa Sede para asistir a una audiencia con el papa Francisco.

Con esta decisión, el Alto Tribunal confirmó el fallo emitido previamente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y puso fin a uno de los procesos judiciales más controvertidos relacionados con las funciones desempeñadas por Alcocer durante el gobierno de Petro.

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El Consejo de Estado confirmó la sentencia que anuló el Decreto 0035 de 2023, expedido por el Gobierno nacional para designar a Verónica Alcocer como embajadora en misión especial durante su desplazamiento al Vaticano.

En el expediente judicial quedó consignada la anotación "confirma declaratoria de nulidad", lo que significa que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quedó definitivamente ejecutoriada. Al momento de conocerse la decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado aún no había publicado la totalidad de los argumentos que sustentan la sentencia.

El principal fundamento jurídico de la decisión se centra en el artículo 126 de la Constitución Política de Colombia.

Esta disposición establece que los servidores públicos no pueden nombrar a personas con quienes tengan vínculo matrimonial o unión permanente, así como a determinados familiares dentro de los grados de parentesco previstos por la Constitución.

De acuerdo con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el entonces presidente Gustavo Petro vulneró esa norma al expedir el decreto que designó oficialmente a su esposa como embajadora en misión especial.

La demanda fue promovida por el abogado Harold Sua, quien sostuvo que el nombramiento desconocía expresamente la prohibición constitucional. Ese argumento fue acogido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y ahora quedó ratificado por el Consejo de Estado.

Un debate con implicaciones políticas

Aunque la decisión tiene un alcance eminentemente jurídico, sus efectos también se reflejan en el ámbito político.

Desde que el decreto fue expedido en 2023, sectores de la oposición cuestionaron que el Gobierno hubiera otorgado funciones oficiales a la primera dama, al considerar que ello desconocía los límites establecidos por la Constitución.

Por su parte, el Ejecutivo defendió en distintas oportunidades que Verónica Alcocer desarrollaba labores de representación institucional como parte de la agenda presidencial y que su designación respondía a ese propósito.

Con la decisión definitiva del Consejo de Estado, el debate jurídico sobre la legalidad del nombramiento queda cerrado. Sin embargo, la sentencia mantiene vigente la discusión sobre el papel institucional de la primera dama y el alcance de las funciones que puede ejercer dentro del Estado colombiano.

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